Al menos, para el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Carlos Vásquez, hay pruebas suficientes para separar del cargo a Cigarruista, y que se examinen con detenimiento todos los elementos que circundan al caso.
No obstante, el ex magistrado Edgardo Molino Mola destacó que tienen que existir pruebas de que se cometió un delito para que sea la Asamblea Nacional quien juzgue.
La ex legisladora, hoy ministra de Vivienda, Balbina Herrera, fue más parca al referirse al tema.
Recordó que su posición es que se investigue y sobre todo, que se rescate la falta de credibilidad que tiene la población en las instituciones.
La ministra sentenció que no se pueden hacer denuncias públicamente, si no se es capaz de llevarlo ante las autoridades, y posteriormente, citó una frase utilizada por los abogados: "lo que no está en el expediente, no existe", al indicar que se hace un gran ruido con el tema y al final "no somos capaces de afrontar las cosas".
Destacó que le corresponderá a la procuradora de la Nación rescatar la credibilidad de la población en la administración de justicia, dado que ella no tiene "ataduras de ningún tipo".
Añadió que la reapertura del caso CEMIS es una tarea que le corresponde a la procuradora, a la que se le ha depositado la confianza de que "sepa hacer las cosas como las tiene que hacer".
Dijo que se cometieron vicios en la investigación, hubo fallas y al final, los tecnisismos no permitieron continuar con las pesquisas.
Por su parte, el diputado del Partido Panameñista José Blandón destacó que si existe la voluntad, es posible buscar los mecanismos para reabrir un caso de esa importancia, porque lo que se decretó fue la nulidad de lo actuado.
Acotó que se cometieron muchos errores e irregularidades en el Ministerio Público con el ex procurador José Antonio Sosa, quien involucró a todos los legisladores, cuando en el expediente estaba claro quiénes tenían participación.
"Sosa nunca quiso solicitar a esos legisladores que aparecían mencionados, que se les levantara la inmunidad, sino a todos, desviando la atención", destacó Blandón, quien dijo que fue eso lo que hizo que no accediera a "jugar ese papel en ese momento".
Lamentó la posición del presidente del CNA, porque siempre "ha sido una posición política", dado que a él le preocupa más lo de la ratificación de los magistrados y no que en el caso CEMIS aparecían nombres de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con cifras al lado.
Sentenció que si se va a reabrir el caso, que se reabra, pero que se hagan las cosas bien. "Que investiguen cada caso por separado y que llamen a declarar a los que aparecen mencionados".
Pero la que no está muy de acuerdo con estos planteamientos es la ex legisladora por el Partido Popular y actual secretaria nacional del Plan Alimentario Nacional (SENAPAN), Teresita Yániz de Arias.
Aunque destacó que el caso CEMIS debe ventilarse y aclararse de una vez por todas, no está de acuerdo con que se separe del nombramiento de los magistrados, porque según manifestó, el CEMIS "fue una cortina de humo para encubrir todo lo que sucedió con los nombramientos y ratificaciones de los dos magistrados.
Aclaró que no existe nada en la aprobación del proyecto CEMIS, que a su buen entender haya constituido un acto ilícito o soborno.
"Tengo la esperanza que ambos casos se reabran para llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones", acotó.
El 16 de enero de 2002, en un restaurante de la localidad, Carlos Afú, en esa época legislador de la bancada del PRD, acusó al CEN de ese partido de recibir dinero para la aprobación del CEMIS.
Dos días antes, la entonces legisladora Balbina Herrera denunció que Afú había recibido B/. 1.5 millón por su voto a favor de la ratificación de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora.
