César Segura, el florista que por un polémico plumazo estatal, adquirió el título de propiedad de un lote público de 11 mil 793 metros en la exclusiva zona de Punta Paitilla, aseguró ayer que no está dispuesto a ceder sus derechos y amenazó con demandar al Estado si deciden “expropiarlo sin ningún tipo de remuneración económica”.
A pesar de que ayer Segura lucía bastante nervioso por la polémica que tuvo su caso, en diálogo con Panamá América se atrevió a asegurar que lo deberán “indemnizar con al menos 11 millones de dólares”, para que pueda aceptar la expropiación de este terreno a favor del Estado panameño nuevamente.
“Si el Gobierno quiere ese terreno que me indemnice, que me pague por el trabajo que yo hice allí”, expresó Segura, quien dijo que todo su trámite lo hizo de forma legal, pese al escándalo que levantó la transacción y las sospechas de que se trata de un gran fraude contra un bien del Estado.
El Gobierno ya colocó un letrero en el lote, advirtiendo que se trata de una propiedad del Estado, pero aún el cuestionado título de propiedad que de forma gratuita le dieron a Segura permanece sin ser anulado.
“Yo no soy ningún estafador, todo lo hice por lo legal desde 1987. ¿Por qué no puedo titular ese terreno? Será porque no tengo ojos azules”, preguntó Segura, quien agregó que él plantaba flores en ese terreno, desde 1987.
La gobernadora de Panamá Mayín Correo tiene otra versión, que detalló a los medios.. "Vas a decir que tú sembrabas aquí, si pasas ahora mismo, eso es piedra, ahí no se puede sembrar nada... allí hay unos plantones puestos, está reclamando casi 11 mil 378 metros cuadrados valorados en casi 12 millones de dólares", dijo.
Segura salió al paso ayer de los cuestionamientos en su contra y de los señalamiento que advierten que detrás del negociado del terreno se encuentran dos figuras allegadas al Gobierno: Gabriel Btesh y Felipe Virzi.
A Segura se le hizo difícil aclarar cómo la abogada vinculada con la firma de bienes raíces Btesh&Virzi, Ailedsabel González, fue quien inscribió la finca ante el Registro Público, justo un día después -el 13 de julio pasado- de que salió la resolución de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales que le otorgó el millonario terreno a Segura.
Dijo que “no conoce” a González y que la persona que contrató para la titulación del lote fue Francisco Pérez Ferreira.
También afirmó que aún posee el 100% de las acciones de la sociedad Segura Ventures Inc., a la que se le otorgó el título de propiedad. Sin embargo, no mostró ningún documento que respalde quees el dueño de las acciones de la sociedad anónima.
Segura, por otro lado,reconoció que su intención de obtener el título de la propiedad era para venderla posteriormente o encontrar un socio para desarrollar un proyecto.
El florista manifestó que actualmente se está dedicando a trabajar en “fincas en el interior del país.”.
Aceptó que ha vivido por mucho tiempo en Paitilla y que actualmente reside en Marbella, áreas exclusivas de la ciudad, alegando que el negocio de las venta de flores le daba “para pagar esos gastos”. Sin embargo, no aclaró dónde tiene ubicado su negocio actual.
Reacciones. Tanto el diputado José Blandón, como el ministerio de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, fustigaron la acción de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI).
Vallarino dijo ayer que tiene su punto de vista “particular” sobre este tema y recordó la forma en que surgió ANATI, de manera intempestuosa.
Al referirse a ANATI, Vallarino sostuvo que “este es un tema que no ha sido bien hecho desde el principio”.
Por su parte, Blandón aseguró que la actuación de ANATI fue ilegal en la adjudicación del terreno y que la adquisición de esa tierra se dio mediante planteamientos fraudulentos, por lo cual pidió que se hagan las investigaciones correspondientes.
El diputado solicitó al presidente Ricardo Martinelli que destituya a los involucrados en este escándalo.
Mediante un comunicado, el administrador del ANATI, Alejandro Castillero afirmó que la Ley 59 de 2010 -que creó la ANATI- estableció un perìodo de transición para comenzar a operar y que la institución que preside inició formalmente operaciones el 1 de agosto de 2011 (ver recuadro).
El actuar de ANATI también fue cuestionado por el excontralor de la Nación, Alvin Weeden, quien sostuvo que el presidente Ricardo Martinelli aprobó y sancionó la ley que creó la ANATI con el propósito de “tomarse bienes nacionales, valiosísimos a lo largo de las costas e islas”.
No obstante, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, señaló que Weeden “debe poner las denuncias pertinentes”.
