Separan a fiscal de su cargo por crimen de universitaria

El homicidio de la estudiante universitaria Aira Guerra, ocurrido a finales del año pasado en Chiriquí, sigue generando situaciones en torno a este caso.

En esta ocasión se ha iniciado una investigación paralela a este hecho. Se trata de un proceso que inició, desde el viernes, la fiscal primera anticorrupción Rosa Elvira Contreras por la pérdida de siete memorias de teléfonos celular, conocidas como .

Estos artículos eran parte de las evidencias en el caso del homicidio de la universitaria y fueron hurtados en los depósitos de custodia del despacho de la Fiscalía Primera Superior de la provincia de Chiriquí.

Por esta razón, reveló una fuente del Ministerio Público, se ordenó la separación del fiscal Luis Martínez, a cargo de este despacho de instrucción y, por ende, de las investigaciones de este caso.

La fuente reveló que el fiscal Martínez ha sido enviado de vacaciones, mientras que el resto de los funcionarios del despacho de instrucción también se encuentra bajo investigación.

Por esta razón, los funcionarios, que son 12, fueron trasladados a la ciudad capital durante el fin de semana para aplicarles pruebas de poligrafía con el propósito de revelar nuevos elementos que permitan dar con la ubicación de los responsables de este hurto.

“Aquí todos los funcionarios de este despacho son sospechosos por la pérdida de estas pruebas, fundamentales en este caso”, reveló la fuente.

Se conoció que la Fiscalía Primera Superior de Chiriquí está siendo objeto de una auditoría integral, en la que, además de los peritos en auditoría forense, se cuenta con la presencia de la propia directora de Recursos Humanos del Ministerio Público realizando las acciones de personal.

De acuerdo con la fuente, la pérdida de estas pruebas se reportó el pasado miércoles, por lo que se procedió de inmediato a realizar las acciones para establecer resultados.

Indicó la fuente que dichos resultados preliminares revelaron que no se ha sentido un ambiente de confianza hacia quienes llevan adelante esta investigación, por lo que se procedió a realizar las acciones de personal antes descritas.

Las tarjetas de celulares fueron incautadas dentro de las diligencias realizadas durante la captura del exjefe de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) Álvaro Samudio.

La noticia sobre la pérdida de estas memorias de celular la dio a conocer públicamente la defensa del propio Álvaro Samudio, quien junto a su sobrino, Rolando Samudio, permanece detenido por este caso, ambos como los principales sospechosos.

La abogada Ana Samudio, defensora de los imputados en mención, cuestionó la forma en que el fiscal Martínez ha estado llevando el proceso.

Uno de los cuestionamientos que hizo la abogada fue por la forma en que se perdieron los de celulares que son usados como pruebas.

Sin embargo, la abogada aseguró que algunos de estos no pudieron ser revisados porque no se encontraron los números pin y puk de estas tarjetas.

Por consiguiente, se conoció que a partir del lunes se va a asignar a un fiscal especializado en crímenes de alto perfil, quien vendrá de la ciudad capital a reemplazar al fiscal Martínez en estas investigaciones.

Según la fuente, con este nuevo cambio no se van a afectar las investigaciones, ya que quien se encargará del expediente es un funcionario de mando y jurisdicción a nivel nacional.

No se descarta que este fiscal asignado al despacho venga con su equipo de trabajo, y que también se cuente con funcionarios de otros despachos de instrucción de la provincia.

En tanto, los funcionarios que han sido investigados serán trasladados a otras fiscalías de menor cargo de responsabilidad, como las de circuito y personerías, mientras duren las investigaciones y arrojen los resultados sobre quiénes son los responsables de la pérdida de estas evidencias.

Descartan tráfico

Luego de que se conociera el informe de necropsia elaborado por el IMELCF en la provincia de Chiriquí, el director de esta entidad, Humberto Mas, negó que en este estudio puedan existir indicios de un delito de tráficos de órganos.

Indicó que se ha comprobado, en dos informes de necropsia, que no hay evidencia de que los órganos de la universitaria les fueron sustraídos.

En el informe, al que tuvo acceso se comprobó que el cuerpo de la estudiante Aira Guerra no mostraba indicios de que hubiera sufrido intervención quirúrgica recientemente.

También se desprende del estudio que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que mostraba indicios de que hubo ataque por animales rapaces, lo que podría explicar el hecho de que en el momento de la necropsia no se encontrara gran cantidad de órganos en el cuerpo de la joven fallecida.

Lo que también pudo arrojar el estudio es que la estudiante no fue asesinada en el lugar donde se halló el cadáver, un paraje del poblado de Boquerón, en la provincia de Chiriquí.

En el estudio se hace referencia a dos heridas con profundidad de 16 y 22 centímetros cada una, en ambos costados, que pudieran ser la causa de la muerte.

Humberto Mas indicó que por el avanzado estado de descomposición y el hecho de que el cuerpo fue incinerado parcialmente para tratar de desaparecerlo, se complica la labor para poder establecer las causas específicas de la muerte de la estudiante universitaria Aira Guerra.

Sin embargo, dentro del estudio de necropsia al que se obtuvo acceso se indica la ausencia de órganos fundamentales, como los riñones, pulmones, el páncreas, corazón y los intestinos.

En el estudio se confirmó que se halló el hígado, el cual presentaba un avanzado estado descomposición.

Se pudo corroborar que el cuerpo mostraba fuertes lesiones en la fase torácica por quemaduras.

También se conoció que la joven no fue objeto de abuso sexual, luego de que el estudio demostró que no se encontraron lesiones traumáticas en sus órganos genitales.

Aira Guerra, de 18 años de edad, fue asesinada el 30 de noviembre de 2012 y su cuerpo fue encontrado el 3 de diciembre a orillas de la vía principal de Bagala, distrito de Boquerón.

Por este caso hay cinco personas señaladas, de las cuales cuatro están detenidas y una se encuentra prófuga de la justicia.