Una investigación profunda sobre el escándalo de concesión de cupos solicitó el Sindicato de Conductores de Taxi Pequeños de Panamá (SINCOTAPE) al Ministerio de Gobierno y Justicia.
A través de un comunicado firmado por su secretario general Jorge Shailer, exigieron que se penalice a los dirigentes y funcionarios públicos que estén ligados a la venta ilegal de cupos de taxi.
Shailer explicó que de los 16 mil taxis que circulan en la ciudad capital, SINCOTAPE sólo posee 700. Esto indica, según el secretario general de este sindicato transportista, que de cada mil taxis, el SINCOTAPE solo controla 23.
Shailer denunció una campaña de desinformación en su contra, propagada por "personas con clara intención revanchista", a quienes no identificó.
El dirigente transportista negó que su organización, fundada en 1995, solicitó al consejo provincial de transporte la expedición de más cupos de taxi para la zona urbana de Panamá. No obstante, explicó que los que posee el sindicato fueron rifados entre los agremiados o distribuidos en las piqueras de taxi afines a su organización.
En el comunicado se hace un llamado a los conductores de SINCOTAPE a que se mantengan "firmes y leales" a la organización y a que desatiendan "los cantos de sirenas de seudos dirigentes" de algunas piqueras "que con ponzoña y frustración" los atacan.
Según Shailer, SINCOTAPE le ha brindado a sus agremiados "los mejores beneficios laborales en el transporte nacional", tales como seguro social, seguro de vida, apoyo en el mantenimiento del vehículo y programas modernos de salud y de capacitación laboral.
"Estamos listos para enfrentar a quienes pretendan destruir... nuestra organización", puntualizó Shailer en su comunicado, dirigido a los medios de comunicación social.
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