Su vida es una oleada de dolores, padecimientos y de ansiedad por recuperar la salud perdida, de la que precisamente fueron en su búsqueda, pero tropezaron con una poción mortal. Son las víctimas del envenenamiento por el consumo de jarabes contra el resfriado y lociones para piel, que fueron envenenadas con dietilenglicol.
Un lustro ha pasado desde aquellos días en que el país se estremeció ante misteriosas muertes, que primero apuntaban al consumo de un antihipertensivo, a un síndrome acompañado con graves manifestaciones neurológicas (SIRA) y luego resultaron por la ingestión y uso de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) contaminados con el refrigerante dietilenglicol.
Justicia real y que se reconozca a todas las víctimas es el grito de familiares y sobrevivientes, muchos agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida.
Algunos logros y mucho por conseguir es su norte. Años de piquetes y recursos han abonado la creación de la Fiscalía Superior Especial, la promulgación de la Ley 13, el Centro de Toxicología, la consecución de personería jurídica y declaración del 17 de octubre como un día de reflexión y meditación por las víctimas y en estos momentos, la consecución de una pensión vitalicia para sobrevivientes y familiares.
La lucha.
Aunque no se ha podido precisar el número de víctimas, reposan en el Ministerio Público 1920 denuncias, de las cuales solo se han reconocido 286 personas como positivas, 97 vivos afectados y 1400 expedientes sin analizar, incluidos 200 menores. De los 14 muertos este año, 9 no han sido reconocidos como víctimas, según el comité.
En esto se enfoca la lucha, en que se cumpla el espíritu de la Ley 13 y se considere víctimas a afectados y familiares, mejor trato, atención, medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos y que no están en el cuadro básico de la CSS, como una pensión vitalicia sustentada en un estudio macroeconómico.
Este tema ha despertado un cúmulo de emociones en afectados y familiares, quienes sienten que su padecimiento se hace más fuerte porque se carece de especialistas adecuados para su envenenamiento, medicamentos y les falta los recursos económicos para enfrentar los gastos que su mal les demanda. Además, 6 sobrevivientes fallecieron recientemente por causas asociadas con la bacteria nosocomial KPC.
Hablan las víctimas.
Olivia Arce, de 49 años, no tiene los suficientes recursos ni vivienda. Suplica por pañales desechables por un problema de incontinencia. Acude al Centro de Toxicología donde las terapias se la hacen con mucha calidez, pero no le dan las medicinas adecuadas ni a tiempo y teme caer en falla renal.
“Si no me dan los medicamentos me verán en cuatro meses en diálisis”.
Recibe terapia motora, sensitiva, cognitiva, de fuerza y sensibilidad y diferentes aspectos que necesita en su vida diaria, explica Zurenayka Guerra, terapeuta ocupacional del centro.
Olivia tomó expectorante sin azúcar y se aplicó pasta al agua y calamina. Ha perdido cabello y uñas. La vida no es fácil, he perdido mi casa, vivo en un pasillo porque fui desalojada”.
Teresa Tejada perdió a su madre, Salustiana Rodríguez de 88 años, hace 5 años. Su hija Santimatea Benita y su nieta de 13 años, hoy sufren los efectos de la intoxicación, pero no van al centro, “no creemos en él, dice Teresa. Su hija, Santimatea, está afectada de la vista y presión, aunque se ha recuperado. Su nieta padece asfixia y no recibe un trato especial en la escuela, sobre todo en la asignatura de Educación Física.
Piensa que el Ministerio de Educación debe ser más consciente con estos niños que sufren problemas de concentración.
La mayor agonía la vivió con su madre, quien estuvo del 1 de junio al 19 de agosto de 2006, fecha en que falleció, hospitalizada en el Hospital Geriátrico, alimentada por un tubo, del que brotaba sangre y otros fluidos.
“La doctora me dijo: va a morir y prefiero que sea en su casa”, y así fue, reafirma.
Viodelda Amaya de Nieto perdió a su esposo Adolfo quien consumió el jarabe sin azúcar. Era mensajero. Estuvo 17 días hospitalizado en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la CSS. Perdió la visión, “se le secaron los brazos, no podía caminar, fue dializado. Tenían una tienda, la que perdieron por no poder atenderla al igual que su cuenta bancaria, comentó.
Recibe una pensión insuficiente: “son $40 quincenales”, afirmó.
Murió el 23 de diciembre de 2008 y un día antes, el 22 cumplieron 30 años de casados, está en el Comité.
Yoni Lasso vive solo y dice que aunque hay días que no puede caminar se levanta por su vida. Tomó el jarabe difenhidramina, perdió su trabajo. Fue al médico porque se ahogaba, quería agua fría y sentía que se quemaba. Hace un año que está en el Comité. “Solo unidos podremos hacer la lucha”.
Javier Castillo tiene 57 años. Los primeros síntomas se le manifestaron en su finca cuando limpiaba y, aunque nunca había tomado café lo pedía. “Quería algo caliente”. Sufrió un infarto y de allí reflujo gástrico, daños en la vértebra L3, se le baja el potasio, tiene la vista afectada y ha perdido 40 libras. Pide salud, la que le robaron sorbo a sorbo el 4 de octubre de 2006 cuando ingirió jarabe sin azúcar.
