Un absoluto silencio mantiene el Ministerio Público en cuanto la orden expresa emitida por el juzgado décimo segundo penal en cuanto la investigación ordenada a seis miembros de la Policía Técnica Judicial (PTJ), una funcionaria judicial y un ex fiscal de Drogas por la supuesta pérdida de B/. 200 mil de la residencia de Carlos Javier Micolta, uno de los presuntos testaferros de Pablo Rayo Montaño.
A pesar de las reiteradas solicitudes hechas por Panamá América para conocer si la fiscalía tercera anticorrupción había sido notificada del auto No. 320 en donde se ordena una ampliación de las sumarias por la supuesta pérdida del dinero, este diario no ha recibido respuesta.
En la ampliación, ordenada por el juzgado, se establece la necesidad de indagar a la Secretaría Judicial de la fiscalía de Drogas, Azucena Aizprúa Chavarría, y a los detectives de la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Germán Umaña, Gilberto Torrero, Julio César Alonso, Gustavo Ortega, Rigoberto Obando y Máximo Navarro.
El juzgado también ordenó a la fiscalía tercera Anticorrupción que solicitara a la fiscalía de Drogas los vídeos y fotografías de la diligencia de allanamiento realizada en la residencia de Micolta el día 16 de mayo del 2006, cuando supuestamente fue sustraído el dinero.
En su decisión, el juzgado sostiene que la fiscalía anticorrupción desde un inicio debió investigar esta situación a todas luces irregular.
Inicialmente la fiscalía Anticorrupción determinó que Micolta no podía ser considerado una víctima del delito y por ende no era un querrellante legítimo.
Sin embargo, el juzgado estableció que a la luz del artículo 1 de la Ley No 31 de 1998 se consideran víctimas del delito a la persona individual o colectivamente haya sufrido daños, incluidas las lesiones físicas, emocionales, la pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales.
Según el juzgado, la ley no hace una distinción entre los sujetos por su calidad de individuos o por considerar que se encuentre detenido en el Centro Penitenciario La Joyita.
El juzgado a su vez señala que la fiscalía de Drogas debió abrir una investigación al momento de recibir la denuncia hecha por Micolta.
Según la declaración de Micolta dentro de su residencia existían unos B/.530 mil y que los detectives y la secretaria de la fiscalía sólo reportaron B/.305 mil.
En este caso la investigación se haría por delitos contra la administración pública.
Una fuente judicial precisó que para esta investigación se debe separar del cargo a los detectives involucrados y a la secretaria de la fiscalía de Drogas.
Así como determinar si existe responsabilidad de los funcionarios encargados de supervisar la diligencia.
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