El lugar donde será construida la Ciudad Gubernamental aún no ha sido definido, ya que el mismo deberá contar con un plan vial eficiente, aseguró ayer el arquitecto Carlos Clement de la firma Clement y Medina Arquitectos, empresa que ganó el contrato para elaborar el plan maestro del proyecto.
La firma Clement y Medina, en conjunto con Ingeniería F. Guardia, deberán entregar en cuatro meses el plan maestro de la obra.
Recalcó Clement que el plan maestro tiene que ir acompañado de un plan vial. Actualmente el gobierno quiere ubicar la Ciudad Gubernamental en Clayton, pero Clement dijo que si ese es el lugar indicado tiene que venir acompañado con un plan vial.
Expresó que también se está analizando un área en la antigua base militar de Howard. "Nosotros tenemos que analizar muy bien cuál va a ser el lugar que se va a escoger, todavía no hay nada específico", enfatizó.
La firma de Clement ha trabajado en el proyecto de desarrollo del plan maestro de Fuerte Amador y el desarrollo de todos sus diseños e infraestructuras y usos de suelo, además en el proyecto de Punta Pacífica.
Manifestó el arquitecto que en la propuesta técnica, la empresa ha acudido a los mejores profesionales con títulos de doctorado, entre ellos ingenieros estructurales, ingenieros en carreteras, de impacto ambiental, ingenieros sanitarios, planificadores urbanos, arquitectos, entre otros.
La primera etapa, dijo Clement, es el diseño del plan maestro que incluirá el diseño de las calles, la distribución de las cuadras, dónde irán ubicados los edificios, los otros usos de suelos complementarios a una ciudad gubernamental, en dónde debe haber zonas comerciales, edificios de oficina, restaurantes, sitios de apartamento, entre otros.
Después que se presenta ese plan maestro, dijo Clement, la empresa deberá hacer los diseños de infraestructura, en el que se necesita trabajar directamente con el gobierno y las entidades autónomas, que deberán suministrar sus requisitos de diseño para cada edificio.
El Gobierno Central espera ahorrarse en los próximos años el pago de por lo menos 28 millones de dólares anuales en alquileres a los dueños de las actuales estructuras utilizadas para oficinas públicas.