En Panamá continúa vigente la legislación restrictiva de la libertad de expresión, del derecho a la información y el ejercicio del periodismo, según un informe presentado en la 55 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la que culminó el miércoles 20 en Texas, Estados Unidos.
En el informe elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información se reconoce, no obstante, que avanza satisfactoriamente el trabajo de las comisiones ad-hoc nombradas por el gobierno actual para estudiar las leyes restrictivas de la libertad de prensa.
Al presentar el caso de Panamá, se afirma que la comisión ad hoc requerirá tiempo en su trabajo de preparar las iniciativas para derogar las leyes que afectan el libre ejercicio del periodismo, por la cantidad de disposiciones restrictivas dispersas en códigos y leyes del país.
Esta comisión nacional, integrada por abogados y periodistas, deberá presentar sus recomendaciones para despenalizar la calumnia e injuria.
Precisamente el informe de la SIP critica el hostigamiento judicial en Panamá contra periodistas y sus fuentes a través de querellas por calumnia e injuria, así como las continuas citaciones para "diligencias judiciales", ampliaciones de indagatorias o declaraciones juradas carentes de fundamento legal.
En el documento consta que el gobierno anterior incumplió su promesa de derogar la Ley 11 de 1978, que impone restricciones a los medios de comunicación social impresos.
Destacó que a pocos meses de concluir su mandato, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares propuso subrogar la Ley 11 por otra igualmente restrictiva, proyecto que tuvo que retirar antes de ser debatido por la reacción adversa de casi todos los medios de comunicación.
También se recoge en este informe la sanción de 10 mil balboas que impuso el Tribunal Electoral al diario
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