La exoneración en el impuesto de importación de auto y del impuesto bien y mueble (ITBM) al que tienen derecho por ley los diputados de la nación volvió a ser cuestionada por representantes de la sociedad civil.
El debate se enciende luego de conocer que en cuatro meses, tres diputados tramitaron la compra de vehículos de último modelo libre de impuestos.
José Gómez Núñez, director de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), informó que a la fecha los diputados suplentes Diomedes Jacinto Díaz y Víctor Lee habían tramitado en la ANA hacer uso del beneficio. También aparece el diputado Raúl Pineda.
“Conforme a los registros de la dirección de Tecnología de la información y el Departamento de Exenciones Tributarias, se confirmó que hasta la fecha se han exonerado un total de tres vehículos correspondientes a diputados de la Asamblea Nacional”, detalló Gómez.
El informe revela que el diputado suplente por el circuito 8-5 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Diomedes Díaz adquirió un Toyota Land Cruiser, año 2015. Díaz es suplente del diputado Roberto Ayala del PRD.
El perredista Raúl Pineda también aparece en la lista con un Toyota Land Cruiser, año 2015. Ambos modelos de autos tienen un valor en el mercado de $73,000 en promedio. La exoneración de los impuesto para ambos vehículos supera los $30,000. En 2009 Pineda también adquirió un auto valorado en $28,000.
El diputado suplente por el 8-6 Víctor Lee optó por un Nissan X-trail, año 2015. El costo promedio de este vehículo es de $28,300 y la exoneración con ese rango de precio es más de $5,000. Lee, del partido Cambio Democrático, es suplente del diputado Héctor Carrasquilla de San Miguelito.
En el portal Panamá Tramita aparecen ocho requisitos que deben cumplir los diputados que aspiran comprar o reemplazar sus autos de trabajo. Allí se hace la salvedad de que “podrán importar un vehículo cada dos años, pagando el 5% del impuesto selectivo al consumo”.
El impuesto selectivo al consumo (ISC) es el que se fijó para bebidas gaseosas, licores, vinos, cervezas y productos derivados del tabaco como el cigarrillo. El ISC incluyó a los automóviles con precios por encima de los $15,000 y $18,000.
El abogado y defensor de los derechos humanos Roberto Troncoso dice que el objetivo de la intención se perdió en el camino y por el contrario se convirtió para muchos en un negocio.
“Si el espíritu del beneficio se mantuviera no hay inconveniente, el problema es que no siempre es para eso, lo usan es para venderlo o para tener más carros, no lo necesitan y se dan unos lujos que lo que hacen es indignar a la ciudadanía”.
Agregó que la iniciativa surgió porque los diputados tenían muchas veces que acceder a lugares de difícil acceso y debían adquirir un vehículo con características que no les resultara oneroso para el traslado.
Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, considera que utilizar mal el beneficio podría caer en una fuga de impuestos públicos.
“El problema no es que tengan algunas prerrogativas asociadas al cargo, para garantizar una mejor representación de los votantes que los colocaron allí, sino el mal uso que se hace de esos recursos”, dice. Se supone que las exoneraciones de los automóviles es para que obtengan una herramienta de trabajo..., pero si se da otro uso podría interpretarse como un desvío de fondos públicos, agregó.
