Con el estremecimiento de la población por los supuestos actos de corrupción que involucran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Fundación Alianza Ciudadana Pro Justicia consideró como urgente que los magistrados actualicen su declaración jurada patrimonial de bienes.
En un comunicado con fecha 23 de junio el grupo de la sociedad civil advirtió que "existen claras evidencias de que hubo más de un magistrado que se enriqueció injustificadamente y que este enriquecimiento con la tarea de administrar justicia, lo que confirma un secreto a voces: la posible venta de fallos en el poder judicial".
La agrupación propone que la declaración jurada de bienes sea publicada en la web del Órgano Judicial y remita copia a la Contraloría General de la República.
Otras de las propuestas de la Alianza Ciudadana Pro Justicia es que la Asamblea Nacional apruebe una ley donde se declare imprescriptibles las acciones contra los funcionarios que han cometido delito en perjuicio del patrimonio del Estado.
La inquietud surge por el reciente caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, condenado por enriquecimiento injustificado y la renuncia del Víctor Benavides, vinculado a los mismos cargos.
La agrupación confía que con la aprobación de la Ley de Carrera Judicial se acaben los nombramientos interinos y por amiguismos en el poder judicial.
Como acciones de presión a corto plazo la organización se prepara para participar de la marcha contra la impunidad que organizan 8 grupos de la sociedad civil y, que partirá desde la Plaza Porras, el próximo 1 de julio.
