La Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitaron una asistencia judicial a las autoridades guatemaltecas para investigar la presunta relación de un grupo de pasaportes falsificados aquí, uno de los cuales apareció en manos de un ciudadano sindicado en ese país por delitos de lavado de dinero.
El fiscal segundo Anticorrupción, Daniel Batista, reveló que la asistencia se solicitó para determinar las circunstancias en que el documento llegó a manos de personas ligadas con el crimen organizado. A la vez reveló que otro de los pasaportes alterados fue ubicado en manos de una persona que ingresó a Estados Unidos.
En esta investigación la fiscalía solicitó el encausamiento penal para la ex subdirectora de Pasaportes, Ilsa Córdoba, también para Francisco Castañedas, José Canela y Anitdee Melgar a quienes se les acusó de haber alterado los documentos.
El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por la Directora de Pasaportes, Carlota de Allen, ante la Fiscalía Auxiliar que giró una orden de conducción y está relacionada con una investigación que adelantaron funcionarios de esa instancia y de la PTJ por la expedición de pasaportes con información falsa.
Las pesquisas adelantadas por la PTJ y la Fiscalía Auxiliar determinaron que algunos pasaportes fueron utilizados para efectuar transacciones fraudulentas y estos fueron elaborados con información falsa.
Una fuente ligada a la investigación reveló que las pesquisas contra Córdoba se iniciaron luego que una funcionaria de la Dirección de Pasaportes informara a la actual directora Carlota de Allen de ciertas irregularidades en la emisión de algunos pasaportes.
Por ejemplo, mientras el país tiene un arancel para el sector textil de 15%, en el resto de los países centroamericanos éste rubro tiene aranceles que van entre 32% a 35%.
A consecuencia de estos aranceles se han retirado una gran cantidad de industrias del país como la Kraft, Colgate Palmolive, El Gallo, y otras.
En ese sentido, destacó que con la Ley de Fomento Industrial no se está pidiendo subsidio, ni subvención sino solicitando una política que permita que Panamá traiga inversiones al país.
Stanziola explicó que el Certificado de Fomento Industrial que será otorgado por un término de 8 años, sólo tendrá aplicación cuando las industrias generen la riqueza de la inversión realizada, de lo contrario, el industrial no lo podrá recibir.
Sin embargo, si este certificado no es utilizado en el término estipulado no podrá ser renovado por el empresario porque no generó utilidades al Estado.
Es decir, sólo podrá utilizarse en los años fiscales que registren ganancias. En el año 2005 deben cesar las compensaciones otorgadas al sector industrial entre ellos: los Certificados de Abono Tributario, el Registro Industrial, la zona procesadora para la exportación.
Los industriales insisten en que Panamá es el único país del mundo que no ha tomado las previsiones para tener un instrumento legal que le permita atraer inversiones.
