La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó al presidente de la República, Martín Torrijos que se nombre la Comisión Especial de Evaluación, que estará a cargo de analizar a los aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
A un mes de la escogencia, Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza recordó que aún sigue vigente la Resolución de Gabinete No. 91 de noviembre de 2005, por lo que debe ser retomada por el Ejecutivo.
Esta describe la escogencia de los magistrados según lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia.
"Esa época en que los presidentes de la República nos sorprendían a todos los ciudadanos con los nombres de los magistrados que había escogido, tienen que quedar atrás. Necesitamos llegar a una nueva época que la inauguramos en diciembre de 2005, donde los ciudadanos conocíamos los candidatos a magistrados un mes antes", indicó Magaly Castillo.
Castillo aspira a que el decreto ejecutivo que está vigente, el presidente de la República lo respete y se pueda aplicar, ya que permite la participación de la sociedad civil.
"Creo que en alguna medida ayudaría a despolitizar el proceso de escogencia de magistrados, que en este momento está muy politizado", aseguró.
Unas 14 agrupaciones aglutinadas en la Alianza Ciudadana Pro Justicia y 16 de la Sociedad Civil señalaron al mandatario Torrijos a través de una misiva, que el país necesita una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados(as) que actúen con independencia de criterio.
Sostienen que estos magistrados que serán elegidos deben creer en la transparencia, los derechos humanos y que dicten jurisprudencia para la democracia.
Todavía el organismo no ha recibido una respuesta del Ejecutivo. Castillo aún confía que se está a tiempo para que se haga la evaluación de los aspirantes, dos de ellos serán escogidos en el mes de diciembre próximo.
La Alianza presentó a los medios el seguimiento de los casos de corrupción de alto perfil a través de su portal electrónico.
