Solicitan a la Corte pronunciamiento sobre legalidad de contención del gasto

Una petición para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en cuanto a la legalidad del procedimiento realizado por el Ministerio de Economía Finanzas (MEF) para aplicar los programas de contención del gasto, fue solicitada por el Procurador José Antonio Sossa.
Sossa presentó una demanda contencioso-administrativa ante esa corporación de justicia contra las resoluciones emitidas por el Consejo de Gabinete y el MEF que permitieron el recorte del presupuesto, porque a su juicio están actuando al margen de la Constitución, debido a que por disposición de la Carta Magna al Ministerio Público y al Organo Judicial debe asegurársele los recursos financieros para el desarrollo de sus funciones.
Alegó que la Corte al permitir la declaración de sustracción de materia al momento de conocer el fondo de estos procesos, está permitiendo al Organo Ejecutivo dictar medidas fiscales sin el debido control del Organo Legislativo.
En el año 2,002 cuando Sossa presentó el recurso, se encontraba en vigencia el presupuesto del pasado año, pero al entrar en vigencia el nuevo presupuesto, el recurso quedó sin fundamento legal porque la medida recurrida ya no se encuentra vigente.
Durante el pasado año el MEF aplicó recortes al presupuesto del Ministerio Público por el orden de los B/.7 millones. Entre los cuales figuran contención por B/.2.8 millones para el Instituto de Medicina Legal, lo que impidió poner en funcionamiento el laboratorio para el análisis de muestras de ADN.
Para el presente año el Ministerio Público presentó un anteproyecto de presupuesto por un monto de B/.94 millones 805 mil, pero le fue recortado a la suma de B/.47 millones 422 mil. Aunque, el presupuesto aprobado fue de B/.43 millones 086 mil.
Dentro de su petición el Procurador Sossa también señala que en consulta realizada a la Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher ésta coincidió con su apreciación sobre la ilegalidad de la actuación de MEF, debido a que corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar los recortes al presupuesto.