El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, consideró ayer que existe un desborde de la libertad de expresión y que este derecho debe tener límites claramente definidos, para evitar los excesos perjudiciales.
"El cuarto poder no puede ser un poder sin límite, éste se ha desbordado y ha venido haciendo mucho daño, cuando se miente a través de los periódicos, se engaña a la opinión pública y se forman opiniones distorsionadas", sostuvo.
Para el jefe del Ministerio Público debe existir un respeto de quien pública algo, ya que éste debe certificar la exactitud de las informaciones y que la misión del periodista no es herir por herir, porque cuando se miente se le hace daño a la sociedad.
Afirmó que no es posible la justificación de hacer daño en nombre de la libertad de expresión, la lesión que se comete contra los particulares a través de los medios de comunicación constituyen un delito sancionado por la ley.
Además, refutó que las leyes de desacato se estén aplicando de manera indiscriminada, debido que quienes han sido sancionados con ellas, se les ha dado la oportunidad de presentar los recursos correspondientes.
"He sido víctima de campañas difamatorias por espacio de cuatro años, y ahora los responsables no se atreven a presentarse ante las autoridades para sustentar sus afirmaciones, uno de ellos ha salido del país, y ahora pretende se le vaya a notificar allí", aseguró.
El pasado domingo el procurador Sossa, remitió al Embajador de Panamá en la OEA, Juan Manuel Castulovich, una nota en donde asegura que el informe sobre la libertad de expresión en Panamá, elaborado por el relator de esa organización Santiago Cantón, está parcializado.
De acuerdo con Sossa este informe sobre Panamá "comienza confundiendo las leyes de desacato que procuran salvaguardar el respeto y la efectividad de la autoridad pública del Estado, con las leyes de resguardo a los derechos fundamentales de honor, honra, privacidad, intimidad e imagen resguardados por normas vigentes en todo el hemisferio".
ORGANIZACION PIDE INDULTO
Por otro lado, la organización Periodistas Contra la Corrupción (PFC), a través de su coordinadora regional Linda Hemby, solicitó a la presidenta de la República Mireya Moscoso que conceda un indulto a los comunicadores que han sido condenados y que interceda a favor de los que sufren persecución por sus investigaciones o reportajes sobre la corrupción.
En la misiva PFC indicó a la presidenta Moscoso que ha venido observando con suma preocupación los problemas que están enfrentando los periodistas en Panamá.
Especialmente aquellos que han sufrido procesos o fallos judiciales por trabajos periodísticos en los que abordan casos de corrupción.
Precisó que el PFC tiene conocimiento que en la actualidad hay unos setenta periodistas denunciados por delitos de calumnia e injuria y que por esos delitos en los dos últimos años han sido condenados ocho, entre ellos, Jean Marcel Chéry, Juan Manuel Díaz, Rainer Tuñón, Vladimir Rodríguez, Tomás Cabal, Luis Carlos Müller, Rigoberto Caballero y Carlos Singares.
Expresó que en ocasiones anteriores organismos internacionales de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión se han pronunciado para que en Panamá se haga lo posible por suprimir de su legislación las penas de prisión por delitos de prensa.
