Sossa podría citar a Barés por escándalo de armas

El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, no descartó la posibilidad de citar a declarar al director de la Policía Nacional, Carlos Barés, dentro de las investigaciones iniciadas sobre el presunto tráfico de armas desde Nicaragua hacia Colombia.
Mientras que la presidenta Mireya Moscoso negó ayer categóricamente las denuncias de dos empresarios israelíes que insisten en acusar a la Policía Nacional de haber autorizado la compra de un millonario lote de armas a la Policía Nacional de Nicaragua y que presuntamente fueron a parar a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Eso no es cierto", dijo con tono enérgico la mandataria.
El lote de armas en mención está compuesto por siete mil fusiles de asalto AK-47, mil lanzacohetes RPG y cinco millones de municiones, valorado en más de cinco millones de dólares.
"Usaron el nombre de la Policía, ya que las armas jamás llegaron a Panamá y por el momento el Gobierno continúa las investigaciones para esclarecer este hecho", expresó Moscoso.
En tanto, el procurador Sossa dijo que en unos 15 días debe estar recibiendo la documentación solicitada a Nicaragua y Colombia sobre el movimiento de las armas, para determinar la posible comisión de un delito en territorio panameño.
Por su parte, Barés negó mantener algún tipo de relación con el empresario israelí, Shimar Yalin Yelinek, presunto intermediario en Panamá de la compra de las armas.
Yalin Yelinek, a través de su abogado, Carlos Carrillo, negó mantener cualquier tipo de relación con el cargamento de armas supuestamente adquirido por la Policía Nacional a través de la intermediaria GIR S.A. y afirmó que acudirá a las autoridades judiciales a aclarar la situación en cuanto retorne al país.
Detalló que en una comunicación sostenida con su cliente, éste le informó que acelerará su regreso para ponerse a órdenes de las autoridades.
En el Registro Público aparece como representante legal de la empresa Inversiones Digal la firma de abogados Arosemena y Asociados; presidenta Rosaura Meneses de Berna; tesorera, Jesica Stewart y como secretario, Alcides Bethancourt.
Paralelamente, el periódico guatemalteco Siglo Veintiuno indica que los ciudadanos israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, los presuntos compradores del lote de armas, enfrentan un proceso por fraude en ese país, tras recibir una serie de créditos hipotecarios irregulares.