Claves
- Creación de la propuesta
- La idea de una ley para descentralizar los distritos fue gestada en 1999 y presentada por autoridades en conjunto con los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).
- Financiamiento millonario
- En 2004, el BID impulsó un financiamiento de más de $7 millones para la puesta en marcha de la ley de descentralización, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente Torrijos en 2009.
La puesta en marcha de la ley de descentralización el próximo 1 de julio podría convertirse en una herramienta de corrupción que permitiría el despilfarro de dinero si no se crea una institución que fiscalice los fondos que administrará cada municipio.
Al consultar a exrepresentantes de la ciudad capital, estos señalan que “podría crearse un monstruo si no se logra adaptar un ente fiscalizador”, pues se propone otorgar solvencia económica a todos los distritos, con el manejo de fondos de educación, el Prodec y otros proyectos sociales.
No obstante, el concejal de Betania, Javier Ortega, defiende la propuesta al sustentar que se ha creado una red de corrupción con el fondo público, y es hora de que la ley de descentralización regule el ingreso de fondos a los sitios más marginados del país.
Sugiere, además, que deben adelantarse lo antes posible las reuniones para establecer los mecanismos que hagan efectiva la forma en que funcionará la normativa, situación que pone en evidencia la poca discusión que a recibido la propuesta, a pesar de que en 2009 fue aprobada en tercer debate por el gobierno de Martín Torrijos, quien a su vez sancionó la normativa.
En esta misma línea, el analista político Edwin Cabrera manifiesta que si la ley de descentralización apunta hacia que el Ejecutivo sea quien designe los fondos, no habrá una descentralización efectiva.
“La idea es que los municipios cobren sus impuestos y puedan administrar sus proyectos y recursos, no es que el Gobierno central deba pasar cada mes o cada año una cantidad de dinero, siempre y cuando se fiscalice”, sugirió el analista.
En total, los 75 municipios que conforman la división política de Panamá reciben cerca de 220 millones de dólares para su funcionamiento.
Servicios como la recolección de la basura, el pago de planillas y la limpieza de áreas urbanas son solo algunos de los problemas que pretende alivianar la propuesta.
Sin embargo, la comisión conformada en 2011 para estudiar este tema no logró consolidar una propuesta que establezca cómo se fiscalizarán los impuestos -algunos millonarios- que empezarán a recibir los más de 50 municipios que son subsidiados por el Estado panameño.
