La sustancia usada para asesinar al jefe de la Unidad Sensitiva de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Franklin Brewster, fue obtenida en el extranjero específicamente para cometer el hecho, según las investigaciones de la Fiscalía Auxiliar.
El fiscal Luis Martínez reveló que la sustancia no pudo ser comprada en Panamá, porque es muy sofisticada.
Una de las causas que ha provocado que las autoridades estadounidenses no hayan identificado el tipo de sustancia que lo envenenó, es que los medicamentos suministrados la alteraron.
¿Qué hizo o dejó de hacer Franklin Brewster para que acabaran con su vida?, es la pregunta que tratan de resolver los investigadores de la Fiscalía Auxiliar, para dar con los responsables.
Se han manejado 5 hipótesis: la supuesta relación de Brewster con una colombiana, luego con una peruana, y un correo electrónico sobre la organización "factura roja". Más adelante, se investigó otra supuesta relación con una segunda peruana, y por último, una sustancia, presumiblemente veneno, contenida en unos frijoles.
Un funcionario de la Policía Técnica Judicial, que trabajó encubierto en operaciones antidrogas, reveló que los sujetos de nacionalidad colombiana y algunos panameños que laboran como testaferros, hablaban de reuniones anteriores, pues Panamá les ofrecía la seguridad y facilidad de traslado de la sustancia.
Puso como ejemplo el reciente decomiso de los más de mil kilos de cocaína en Bocas del Toro, "allí de seguro hubo coordinación con sujetos de nacionalidad panameña y así asegurarse del paso de la droga".
Asegura el exfiscal Rosendo Miranda que esta parte de infraestructura es coordinada por otros grupos o células que son las que se encargan de organizar lo que es el traslado de la droga al país de origen, que puede ser Colombia o algún otro de Suramérica hacia áreas de resguardo o de ocultamiento.
Miranda considera que esta distribución debe ser monitoreada por inteligencia, con el apoyo de herramientas idóneas, para identificar previamente a esos grupos, a través del uso de intervenciones telefónicas, manejo de fuentes o informantes en diferentes países.
El director de Migración, Ricardo Vargas, manifestó que la única manera de controlar estos hechos delictivos, donde se involucra a colombianos, es crear un mecanismo de recibir información adelantada de inteligencia mediante el uso de tecnología.
Indicó que el sistema de visas no soluciona el problema, sino que amerita reforzar el control en la entrada del país a través de seguridad. Dijo que es imprescindible en este caso recibir información desde Colombia.
Informes colombianos obtenidos por Panamá América revelan que en el 2002, se celebró una cumbre de la mafia en Panamá, en la que participaron miembros del clan Arellano Félix con capos del cartel del Norte del Valle.
Baruch Vega, supuesto intermediario entre los narcos y la agencia antidrogas de EEUU., destacó en una entrevista publicada por el diario colombiano El Espectador, que en Panamá siempre se notificó de esas reuniones, y que el gobierno panameño, la embajada estadounidense en Panamá y en Bogotá lo sabían.
Según el agente, en esas reuniones siempre estuvieron presentes agentes de Panamá y Bogotá.
En las reuniones entre noviembre del 99 y febrero del 2000, entre miembros del clan Arellano Félix con capos del cartel del Norte del Valle, se dio a conocer que las autoridades de Estados Unidos tienen pruebas, entre ellas varios testimonios, de las negociaciones que los Arellano han estado haciendo con la guerrilla, y los contactos que han sostenido.
En este caso sobre el tráfico de armas, el 20 de enero de 2004 la Policía descubrió que uno de los contactos de Wayne Lever Duke (reconocido contrabandista colombiano) en Cali estaba gestionando la compra de 200 fusiles AK-47, medio centenar de lanzagranadas, rockets y otros materiales de guerra.
El comprador era nada más y nada menos que el Frente 14 de las FARC a cargo de Fabián Ramírez. El negocio se cerraría en Panamá.
Durante seguimientos se estableció quiénes eran los contactos de Lever y las FARC de Colombia y la red en Centroamérica, de donde saldrían las armas. Las autoridades colombianas le cercaron los contactos de Lever, y mientras consolidaban el caso consiguieron que el cargamento que estaba necesitando las FARC no llegara a tiempo, con lo que el "negocio" con ese grupo se dañó.
El inconveniente para Lever es que ya tenía listo en Honduras gran parte del cargamento, por lo que decidió buscar un nuevo cliente, una facción del cartel del norte del Valle.
El negocio se cerró en Panamá hasta donde lo siguió la Policía colombiana en coordinación con autoridades de ese país.
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