La empresa de tabaco British American Tobacco en Panamá demandó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Ministerio de Salud por abusar, supuestamente, de las regulaciones aprobadas a la Ley 13 del 24 de enero de 2008 que "adopta medidas para el control del tabaco y sus efectos nocivos para la salud".
La tabacalera, que es el segundo mayor fabricante de cigarrillos del mundo, presentó una demanda contencioso administrativa de nulidad porque considera que el reglamento de la ley establece restricciones y prohibiciones que superan lo que la propia ley y la Constitución Nacional permiten.
Carmen de Da Silva, gerente de Asuntos corporativos de la empresa, explicó a Panamá América que mientras la Ley 13 prohíbe fumar solo en lugares cerrados, el reglamento incluye estacionamientos, jardines y lugares abiertos de oficinas e instituciones públicas.
"Por eso, pedimos que se declaren nulas por ilegales estas disposiciones", sostuvo de Da Silva.
Disconformidad.
La empresa también denunció que las autoridades de Salud les prohibieron cualquier tipo de comunicación con los consumidores irrespetando supuestamente el derecho de hacer uso de su marca registrada, violando el derecho a la libertad de expresión.
En tal sentido, explicó de Da Silva, el reglamento impone una censura previa a cualquier información que se encuentre en las cajetillas, tanto en el exterior como en el interior. "Esto, desde luego, es un exceso y no se encuentra amparado por la ley", expresó.
La tabacalera estableció un canal de diálogo con la ministra de Salud, Rosario Turner, para hacerle ver que su deber es aplicar la ley en forma justa y equilibrada, y no usarla de pretexto para violentar sus derechos y crear nuevas prohibiciones.
"Si hace falta, recurriremos a instancias internacionales para hacer valer nuestros derechos", advirtió de Da Silva.
Reacciones.
La primera agrupación de la sociedad civil en reaccionar contra esta demanda fue la Coalición Panameña Contra el Tabaquismo (COPACET).
Nélyda Gligo, directora de COPACET, aseguró que la demanda de la tabacalera no tiene fundamento, toda vez que el tema fue ampliamente discutido en 4 sesiones en las que participaron representantes de la transnacional.
En ese sentido, agregó que la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda actuó en representación de British American Tobacco en Panamá, pero que calló ante la falta de argumentos sólidos y científicos que sustentaran sus peticiones.
“Esta demanda pretende pasar por encima de los intereses y compromisos gubernamentales y convenios internacionales que Panamá contrajo al ratificar el Convenio Marco para el control del tabaco”, apuntó Gligo.
