También aseguran que hay dirigentes de piqueras que cobran porcentajes para alterar la afiliación de nuevos miembros que no prestan servicios allí, con el fin de que cobren la indemnización.
Para el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, se trata de una actividad "criminal" que debe ser investigada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
