Los propietarios de rutas que integran la Corporación de Transportistas del Oeste S.A. (COTRAOESA), no tienen opción de compra de los terrenos donde funciona la actual Terminal de El Chorrillo, aclaró el alcalde de la ciudad capital, Juan Carlos Navarro.
Agregó que la Alcaldía de Panamá consultó con la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, para definir la situación de los transportistas que ocupan la terminal de El Chorrillo, ya que en un principio los transportistas reclamaban el derecho a compra de los terrenos.
Recordó que de acuerdo a la procuradora no existe ya la opción de compra, y en estos momentos los transportistas ocupan el lugar en base a una extensión de contrato firmado por la actual administración alcaldicia, pero en la cual no se incluyó la cláusula de opción de compra.
Ante los intentos de las autoridades para lograr que los buses que prestan el servicio hacia Panamá Oeste, se muden de El Chorrillo a la Gran Terminal de Albrook, sus dirigentes han esbozado la posibilidad de adquirir mediante compra dichos terrenos.
COTRAOESA firmó un contrato de alquiler con opción de compra con la administración de la ex alcaldesa Mayín Correa, sin embargo, a pesar de cumplir con el pago del alquiler mensualmente, perdieron la opción de compra al no presentar una oferta garantizada por "una carta de crédito" en una fecha fija.
Pero a pesar de ello, Navarro asegura que su administración tiene una excelente relación con los transportistas que estarán en El Chorrillo hasta que resuelvan el problema que tienen con la Autoridad Nacional del Tránsito.
Reiteró que el municipio es sólo dueño del terreno que tiene alquilado y el municipio no tiene nada que ver con el conflicto entre transportistas.
No obstante, Luzmila Angulo, dirigente de CANATRA, aseguró que COTRAOESA tenía un compromiso de la Alcaldía de que tan pronto lograran el financiamiento para adquirir el terreno por una suma aproximada de 2 millones de balboas, y que hasta la fecha vienen pagando mensualmente la suma de 14 mil balboas mensuales.
En tanto transportistas y directivos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, mantienen un litigio ante los tribunales de justicia, por la aplicación de la resolución 270, que obliga a todas las rutas urbanas, interurbanas e interprovinciales llegar hasta la Gran Terminal de Albrook.
Ante esta resolución, los operarios de El Chorrillo han recurrido a los tribunales para impedir ser desalojados de dicha terminal y han señalado la posibilidad de firmar un préstamo con una importante entidad bancaria para comprar el terreno que les permita construir su propia terminal.
Los dirigentes del transporte que se oponen a la terminal única de Albrook, consideran que es atentatorio contra la ley de libre competencia, que las autoridades traten de obligar a transportistas y usuarios a operar desde una terminal que es de capital privado, que es propiedad de Inversionistas Asociados, que es el nuevo propietario de la obra.
Según los operarios de las rutas que aun no se trasladan a la Gran Terminal, el gobierno está obligándolos a trasladarse a Albrook para favorecer a un inversionista privado que monopolizará el servicio.
Igualmente censuraron que el gerente de la Gran Terminal, Carlos Vallarino, esté calumniando a los dirigentes que se oponen al traslado al señalar que están pidiendo dinero debajo de la mesa para trasladarse la nueva terminal.
Advirtieron que los transportistas no son dueños de la Gran Terminal como se lo quieren hacer creer al pueblo, ya que el 18 de agosto se crea una nueva empresa jurídica denominada "Inversionistas Asociados S.A.", donde hay accionistas tipo "A" y accionistas tipo "B", en donde figura como presidente el mayor Alfredo Alemán.
