Transportistas del distrito de Aguadulce en la provincia de Coclé denunciaron una persecución por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que retiró al menos ocho placas de taxis a quienes vienen denunciando supuestos actos irregulares en el transporte en este distrito.
Ciro Ibarra, asesor legal de Radio Taxi Aguadulce (RATASA) y palancas, explicó que el denominado organismo Transportistas Contra la Corrupción, denunció la expedición de nuevos certificados de operación a favor del Sindicato Industrial de los Trabajadores del Transporte de Aguadulce (SITTA), organismo que fue denunciado por corrupción.
Ibarra indicó que los transportistas afectados por el retiro de sus placas en forma arbitraria, tendrán una reunión con el director de la ATTT, Pablo Quintero Luna, a fin de recibir una explicación sobre el proceder de las autoridades.
Recordó que la concesionaria RATASA que lidera Evaristo Ledezma solicitó a la ATTT un total de 11 certificados de operación, pero las autoridades extendieron siete más de los solicitados y fueron asignados a personas que no forman parte de RATASA.
Igualmente, se quejó que la ATTT extendió más de 30 certificados a la concesionaria SITTA, organización a la que denunció por supuestos actos de corrupción.
La última vez que los dirigentes de RATASA realizaron una conferencia de prensa en Panamá con el apoyo del Frente Nacional contra la Corrupción, se produjo un encuentro de boxeo entre el secretario del Frente, Enrique Montenegro y el legislador aguadulceño, Noriel Salerno.
Para otros emisores que prefieren mantener su nombre en reserva, la flexibilidad, juega un papel importante, dentro de las normas de gobierno corporativo, porque su aplicación es muy particular en cada empresa y a las características de su estructura interna.
Aún en las jurisdicciones que han legislado en la materia, se ha dejado amplia latitud para que las empresas las apliquen apegadas a sus realidades. Si se toma en cuenta el dinamismo en el tema de gobierno corporativo queda claramente establecido que este es cambiante y existen múltiples formas de resolver el mismo problema.
Dentro de la propuesta de gobierno corporativo de la CNV, se introduce un reporte obligatorio, y aunque el acuerdo será de voluntaria observancia, la CNV tendrá la atribución de establecer que debe estar contenido en los reportes de los emisores.
Es decir, bajo esa figura legal se establecería como mandato que los emisores reporten en su informe anual si ha decidido o no tener normas de gobierno corporativo.
De acuerdo con el comisionado presidente de la CNV, Carlos Barsallo, "esta es una información a la que tienen derecho los inversionistas a la hora de comprar o vender un valor".
El acuerdo servirá de guía o propuesta, para que las empresas tengan mejores mecanismos de auditorías internas, lo que a su vez, despertaría mayor confianza entre los inversionistas.
Por este motivo, la CNV propone que las empresas cuenten con un comité de auditoría que fungirá como un ente de apoyo de la junta directiva para la supervisión de un examen, evaluación y vigilancia permanente en el sistema contable y financiero de la sociedad.
Desarrollará una verificación constante de los criterios de independencia del auditor externo, así como del seguimiento de los procedimientos de los sistemas de control interno de gestión.
Sobre este aspecto, los emisores no presentan ninguna objeción, pero consideran que la determinación de decidir si se crea dicho comité, debe ser potestad de cada empresa.
Igualmente solicitan que no tengan que reportar las empresas subsidiarias, ya que la obligación de gobierno corporativo cae en la cabeza del grupo.
