La implementación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Estados Unidos provocará la pérdida de 100 mil puestos de trabajo en el sector agropecuario, situación que provocará una presión por fuentes de empleo en las áreas urbanas.
El economista y catedrático universitario, Juan Jované, advirtió que la pérdida de las fuentes de empleo tendrá un impacto negativo en un 5% en las cuotas que se pagan a la Caja de Seguro Social (CSS).
Jované desglosó algunos aspectos del documento base del TLC y señaló que el capítulo 9 establece que todas las contrataciones públicas que excedan de los B/. 25 mil tendrán que ser abiertas a las empresas transnacionales.
Basado en este artículo cada vez que una empresa norteamericana pierda una licitación, invocará el TLC y entorpecerá el proceso de suministro y adquisición de bienes y equipos del sector público.
También acotó que con el TLC no sólo se abre el camino a la privatización de la CSS, sino también todo el sector salud.
Igualmente se permite a las administradoras de pensiones tomar los recursos de la CSS y especular invirtiendo en la bolsa de valores de Estados Unidos.
Se preguntó qué pasaría si estas administradoras de fondos de pensiones decidan invertir los dineros de la CSS en empresa como la Enron.
En tanto, el capítulo 11 que se refiere al comercio transfronterizo permitirá que el mercado panameño sea inundado por profesionales de distintas ramas que vendrán a laborar en el país, desplazando a los trabajadores panameños.
Agregó que ya no será responsabilidad de la Universidad de Panamá, ni ninguna otra la encargada de certificar a los profesionales panameños, sino un órgano que será creado por la parte dominante que en este caso será Estados Unidos.
Uno de los puntos que a juicio de Jované resulta peligroso para los panameños y la soberanía nacional, es que se corre el peligro de volver a entregar al principal recurso nacional, el Canal de Panamá a manos de extraños.
Destacó que el artículo 9-17 establece que el Estado puede otorgar concesiones a empresas extranjeras para que controlen, operen y exigir el pago por el uso de construcciones públicas, lo que deja abierta la posibilidad de que una transnacional norteamericana construya el tercer juego de esclusas.
Lo que se permite es trasladar el tipo de concesiones que se otorgó en los corredores al Canal de Panamá y el país se pasará otros 100 años tratando de recuperar la vía acuática de manos extranjeras.
