Trabajadores y empresarios portuarios cerraron ayer por más de cinco horas la entrada hacia el Puerto de Balboa, en demanda de que la empresa Panama Port Company les cancele una deuda de B/. 7 millones a por lo menos 15 empresas concesionarias.
El cierre generó enfrentamientos entre los representantes de la empresa portuaria y los empresarios afectados, en su mayoría de origen árabe, quienes exigían el millonario pago alegando que la Corte Suprema de Justicia falló a su favor.
Tras varios enfrentamientos verbales, al lugar de los hechos se apersonó el director de la Policía Nacional, Carlos Barés, quien aseguró que servirá como garante para el problema sea solucionado.
Luego, se llegó a un acuerdo en el que se decidió que los empresarios se reunirían en horas de la mañana de hoy para abordar el tema y lograr un acuerdo mutuo.
Según el empresario Jala Hamdan, las empresas involucradas en el proyecto están amparadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la demora en el pago ha generado el retraso en la cancelación de algunos compromisos bancarios, toda vez que la Controlaría de la República avaló la resolución.
Hamdan denunció que hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado respecto al problema que se detectó en 1997.
Otras de las quejas de los empresarios es que el actual ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, ordenó la cancelación del pago de la indemnización, a pesar de que el Organo Judicial ya se había pronunciado al respecto.
De acuerdo con los afectados, la decisión de Juliao obedeció a supuestas irregularidades en el proyecto, versión que fue negada por el empresario árabe y que originó el amparo de garantías.
Al lugar también se apersonaron unidades de la policía, quienes custodiaron el sector ante posibles enfrentamientos.
Un total de ocho camiones bloquearon la entrada principal del puerto de Balboa, para que los representantes de la empresa accedieran al pago.
Hamdan, también denunció que la posición de la empresa afecta a unos 280 empleados en la provincia de Colón.
Por su parte, José Lewis, representante legal de la empresa Panamá Port Company, consideró como injustificada la protesta de los empresarios árabes, ya que los camiones que utilizaron para bloquear la entrada no pertenecen a las empresas que realizan los trabajos en el muelle ni en sus instalaciones.
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