La Fiscalía Electoral continuó ayer con la indagatoria a los funcionarios que laboran en la sede regional de la Autoridad Marítima de Los Santos, donde se descubrió el uso de recursos estatales para promover el proyecto de ampliación del Canal.
El fiscal Gerardo Solís reiteró que a los funcionarios que se les compruebe su partición en este delito serán destituidos y hasta sancionados con tres años de cárcel. Advirtió que estará vigilante para que los funcionarios cumplan las disposiciones que rigen la materia, sin importar la jerarquía ni el partido político al que pertenezcan.
Las oficinas de la AMP en Los Santos fueron allanadas, luego de recibir una denuncia anónima que advertía de la elaboración con recursos del Estado, de documentos para una actividad referente a la ampliación del Canal.
El expediente de este caso estará listo dentro un mes y no se descarta indagar además del segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, a Carlos González De La Lastra, supuesto expositor del evento.
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