Tres países más apoyan nuevas normas de derechos humanos

Naciones Unidas.- Tres países claves de Latinoamérica: Argentina, Chile y México, se sumaron ayer a la iniciativa de Canadá para estudiar nuevas normas internacionales en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos sin violar el principio de la soberanía nacional.
La decisión de los tres países fue dada a conocer después de una larga reunión del Grupo de Río, en la que figuraron varios cancilleres y que se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la primera semana de la sesión ordinaria de la Asamblea General.
"Con la globalización estamos entrando en otra fase de las relaciones internacionales," declaró a este corresponsal Juan Gabriel Valdés, el embajador de Chile ante la ONU.
"Es necesario formular nuevas pautas para asegurar un espacio de libertad, seguridad y justicia para el individuo a nivel hemisférico y mundial", dijo.
El embajador de Panamá, Ramón Morales Quijano, cuyo país forma parte del Grupo de Río, no pudo ser contactado para su comentario.
Lo notable es que fue México el que propuso que el Grupo de Río considere el planteamiento anunciado el miércoles por Lloyd Axworthy, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá.
El funcionario canadiense, apoyado por Kofi Annan, el secretario general de la ONU, considera que ya no es posible que líderes que abusan los derechos humanos y la libre expresión de sus ciudadanos se revistan de la doctrina de la soberanía nacional para eludir sanciones que la comunidad internacional ha desarrollado tras los juicios de Nurenberg y las recientes masacres por razones étnicas en la antigua Yugoslavia y en Africa.
Tradicionalmente el gobierno mexicano se ha adherido al concepto más tradicional de la soberanía nacional que consideraba cualquier sanción internacional como una violación a la carta de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, tras la represión ejercida por las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay durante las décadas de los Setenta y Ochenta, la opinión pública, así como muchos gobiernos se han volcado a favor de una actitud de mayor militancia a favor de la defensa de las instituciones democráticas, inclusive la decisión de adoptar sanciones contra gobiernos que violan los derechos humanos.
Canadá ya hizo sentir su política militante en lo que conciernen los derechos humanos cuando durante la última Asamblea General de la OEA, realizada el pasado mes en Windsor, Canadá, propuso duras sanciones para el gobierno peruano del presidente Alberto Fujimori, a quien acusó de violar los principios democráticos por la manera que condujo el reciente proceso electoral que llevó a su tercera reelección.
En esa ocasión Estados Unidos apoyó a Canadá, pero la propuesta fue bloqueada por Brasil y México que opinaron que la elección fue "democrática" y no se podía "deligitimizar"