La exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia María del Pilar Hurtado no podrá salir de Panamá en los próximos 12 meses porque corre el riesgo de ser detenida y llevada a su país de origen a comparecer ante la justicia.
Estos argumentos surgen luego de que un tribunal de Colombia decidió prorrogar por un año más la orden de captura que tiene en su contra por el delito de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en la investigación, tras el escándalo surgido al finalizar la administración del gobierno de Álvaro Uribe, tras la escucha telefónica a periodistas, magistrados y políticos de Colombia.
Sin embargo, no es obligación de ningún otro país, donde decida viajar Hurtado, repatriarla a Colombia, debido a que la Interpol no ha acogido la solicitud de alerta roja como orden de captura.
La medida de Colombia no afecta tampoco la decisión de Panamá de otorgarle asilo político a esta exfuncionaria colombiana, reveló Vladimir Franco, director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según Franco, se trata de una medida interna de Colombia que no interfiere la decisión de Panamá de otorgarle asilo a la exfuncionaria colombiana.
“Nuestro país está en la obligación de garantizarle la seguridad a esta exfuncionaria, por estar en Panamá en calidad de asilada”, destacó Franco.
La prórroga del tribunal de Colombia le advierte a María del Pilar Hurtado que de salir de Panamá a un tercer país corre el riego de que ese Estado pueda acceder a la petición del país sureño para que responda a la justicia.
La posición de Panamá en decretar el asilo político a María del Pilar Hurtado fue sustentado en argumentos que demuestran la necesidad de una protección a ella, por la condición de perseguida políticamente.
La decisión de asilo político a María del Pilar Hurtado ha sido fuertemente cuestionada ante la opinión pública. Los argumentos en contra de la decisión del Gobierno es porque se trata de una exfuncionaria que es requerida en su país por la comisión de un delito.
