El Tribunal de Cuentas emitió, entre enero y mayo de este año, 29 órdenes de reparo o llamamiento a juicio por supuesta lesión patrimonial contra el Estado de 3.7 millones de dólares. En este mismo periodo se ordenaron otras 29 medidas cautelares por un monto de 9.7 millones de dólares.
Desde el 2009 el Tribunal de Cuentas tiene acumuladas 267 órdenes de reparos o llamamientos a juicio por casos donde la lesión contra el Estado asciende a 26.5 millones de dólares. Contra todos estos casos hay medidas cautelares por 42.5 millones de dólares, revelan las estadísticas del ente encargado de recuperar los bienes del Estado en casos de malos manejos administrativos y corrupción.
Entre los casos de este año se encuentra el llamamiento a juicio en el Tribunal de Cuentas del alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, y al extesorero de ese municipio, Fernando Hernández, por una supuesta lesión patrimonial por la suma de 250 mil 231 dólares con 30 centésimos.
La investigación patrimonial se efectuó, luego de que la Contraloría General realizara una auditoría a los ingresos recaudados por la Tesorería Municipal de San Miguelito, durante los últimos años del primer periodo de Carrasquilla, quien es alcalde desde el 2004.
Otro de los casos de alto perfil es del representante de Calidonia, Ramón Ashby Chial, a quien el tribunal le ordenó la cautelación de los automóviles y una finca de su propiedad, por posibles irregularidades en el manejo de 505 mil 335 dólares que pertenecían a la Junta Comunal de ese corregimiento.
La decisión fue tomada por los cuatro magistrados de este tribunal, luego de evaluar el caso y una auditoría especial que se realizó a las cuentas de la Junta Comunal de Calidonia.
En este caso también se ordenó la cautelación de los bienes de la tesorera de esta junta, Edda María Pinto, con el fin de evitar que “las pretensiones del Estado en recuperar su patrimonio resulten ilusorias”.
La cautelación impide que los vinculados al caso puedan desaparecer u ocultar sus bienes con los que se pueden resarcir los daños al Estado, explicó el fallo del Tribunal de Cuentas.
La orden incluye una finca del representante Ashby en la ciudad de Panamá, un auto Hyundai, modelo Sonata, y otro Honda, modelo Accord. A la tesorera Pinto se le ordenó la cautelación de una cuenta en el Banco General. La auditoría especial, incluida como parte del fallo del Tribunal de Cuentas, detectó siete contratos no refrendados por la Contraloría General de la República por la suma de 49 mil 450 dólares, a favor de Ramón Ashby Saldarriaga, padre del representante de Calidonia.
Exigen transparencia.
La coordinadora del Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, Idalia Martínez, reaccionó al tema y dijo que se trata de una acción legal “absoluta” de las autoridades, pero que requiere de total independencia para confirmar si efectivamente hubo o no lesión contra el Estado.
Martínez considera que de arrojarse resultados positivos “se deben imponer duras sanciones contra los infractores, para que los funcionarios en ejercicio comprendan que el patrimonio estatal es de todos y deben administrarlo en estricto apego a la ley”. “La población pide a gritos transparencia en el manejo de todos los fondos públicos. Máxime cuando se realizan proyectos de alto costo”, concluyó la dirigente.
La función del Tribunal de Cuentas frente a este tipo de casos es conocida y apoyada por Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.
Sin embargo, aunque reconoce el rol de la institución, advierte de que es necesario “adoptar medidas preventivas para evitar que se pierdan los bienes del Estado, o se haga difícil su recuperación”.
Gasnell también propone que se levanten las suspensiones de la Ley de Carrera Administrativa para que los funcionarios lleguen a los puestos por mérito, y no simplemente por afinidad política, amiguismo y compadrazgo, y fortalecer los controles de la Contraloría General de la República sobre los funcionarios de manejo”.
investigaciónpor supuesto delito
267- órdenes de reparos o llamamientos a juicio ha emitido el Tribunal de Cuentas desde 2009.
- millones de dólares es el monto de la supuesta lesión patrimonial con dineros del Estado.
- peticiones de llamamientos a juicio se emitieron durante los primeros cinco meses de este año.
Expedientesen investigación
- Otros casos de alto perfil se mantienen abiertos: Contratos para la remoción de la fibra de vidrio en escuelas públicas; la concesión de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. por $18.4 millones; el desfalco Pronavi-Banco Nacional por $12.1 millones y otro relacionado a la Caja de Ahorros por supuesta lesión de $4.1 millones.
