Tribunales obstruyen caso de desaparecidos

A MÁS de un año, los tribunales de justicia panameños no acceden a la solicitud de reapertura de más de 30 casos sobre asesinatos y desapariciones durante el régimen militar, lo que mantiene al Ministerio Público atado de brazos para investigar, aseguró la encargada de la Fiscalía Itinerante para Investigaciones de Casos de Desaparecidos, Janeth Rovetto.
Según la funcionaria, hasta el momento la oficina de instrucción trabaja en las investigaciones de los pocos casos que tienen. Lleva más de un año solicitando la reapertura de una cantidad considerable de casos, pero están pendientes de decisión.
Explicó que en Chiriquí hay algunos expedientes que tienen más de un año de solicitarse su reapertura, pero todavía los tribunales no se han pronunciado, "por lo que insistimos en esos expedientes, pues no se han devuelto para nosotros agotar la investigación y poder solicitar al Tribunal lo que de hecho corresponda".
Para la fiscal, la búsqueda de un responsable, por el hecho de que sea un ex militar, no representa importancia, sino la averiguación de los hechos que sucedieron.
"Esa es la respuesta que quiere la víctima", dijo, agregando que en 30 años el Estado no tuvo la voluntad de que se hiciera una verdadera investigación y se le diera respuesta a los familiares.
Se refiere a investigaciones, que asegura, se han llevado erróneamente y que a nivel de las fiscalías de circuito se han pedido reaperturas a juzgados de circuito penal y aún no hay pronunciamientos.
Enfatizó que el no acceder a la reapertura de estos casos representa para el Ministerio Público un estancamiento en las investigaciones. De los más de 30 casos, 12 han sido devueltos para reapertura.
Los casos que mantiene la Fiscalía son los que han entrado vía secretaria general en 2004, y que se les había dado entrada, pero no se les había dado trámite.
Citó el caso del chiricano desaparecido durante la época militar, Félix González Santizo, como uno de los expedientes que había entrado antes de la gestión de la Procuradora a finales de 2004.
"No se le había hecho nada, o sea que de nada sirvió que entrara en sistema, si no se estaba trabajando en él".
La Fiscalía ha recibido declaraciones sustanciales de militares, quienes han señalado a personas que vieron ejecutar actos.
Producto de las investigaciones, hay cuatro ex militares detenidos, 10 están bajo investigación y dos han sido llamados a juicio. Han declarado sobre estos asesinatos unos 30 testigos.