La denuncia por el supuesto delito contra al administración pública, contra una de las magistradas del propio Tribunal de Cuentas, avanza dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de un caso en el que se recurrió al procedimiento ordinario de contrataciones públicas y se remitió un informe tardío al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) justificando una contratación directa por un monto muy superior a otras ofertas que llegaron a la institución.
El 10 de abril de 2012, Nelson Caballero, secretario general del Tribunal de Cuentas, denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la magistrada Ileana Turner por la supuesta comisión de delitos contra al administración pública en perjuicio de la institución.
De acuerdo con la denuncia penal, dentro de la investigación de irregularidades en el cumplimiento del contrato de la empresa Hespi-Clean para la prestación de los servicios de lavandería del hospital San Miguel de Arcángel, la magistrada Turner procedió a contratar de forma directa a la perito Edilma Santos, por un costo de 100 dólares la hora de su trabajo.
Desde el 3 de marzo de 2011, un informe del Tribunal de Cuentas hacía referencia a la necesidad de contratar un perito para concluir la investigación del caso Hespi-Clean, pero según la denuncia Turner omitió notificar el caso a las autoridades administrativas de la entidad, sino que lo hizo 5 meses después.
Tras ello, Turner invocó falta de tiempo para proceder a emplear a la perito 18 días antes de la fecha en la que se aplicaría el peritaje.
El 29 de julio de 2011, Turner procedió, en sala unitaria dentro del Tribunal de Cuentas, a contratar a la perito Santos. De acuerdo con Caballero, esta acción corrobora su pretensión de favorecer a Santos habiendo otras propuestas mucho más económicas. “Su actuación encierra toda una serie de actos que tienen un solo propósito, impedir la celebración de un acto público y forzar una contratación directa para favorecer a un proponente”, dice textualmente la denuncia contra Turner.
La contratación directa de Santos , exceptuando el proceso de acto público, tampoco fue autorizada en su momento por el MEF.
Para una contratación directa se requiere que la entidad contratante emita un informe al MEF solicitando y justificando la excepción del acto público.
Pero en este caso, la contratación se consuma con una toma de posesión el 17 de agosto y el informe técnico se presentó al MEF el 28 de octubre de 2011, dos meses y 11 días después del hecho.
El primero de septiembre de 2011, Santos solicitó al Tribunal de Cuentas el pago de sus honorarios por 12 mil 300 dólares, en un expediente donde la supuesta lesión patrimonial era apenas de 36 mil dólares.
Sin embargo, el secretario general de la Entidad sostiene en su denuncia que la cifra es elevada comparada con una oferta que presentó el perito Miguel Valdez, para realizar el mismo trabajo por 4 mil dólares. “Esta propuesta presentaba las características más favorable a los intereses del Estado”, sostuvo Caballero.
A manera de ejemplo también dijo que cuando se investigó el caso de la empresa Panahabanos Cigar Company S.A. cuya lesión sobrepasaba los 45 millones de dólares, se contrató un peritaje por un costo final de 3 mil dólares.
El caso contra Turner está en manos del magistrado de la Corte, Harry Díaz, quien deberá determinar si la funcionaria se mantiene en su cargo durante el proceso de investigación.
Respuesta.
Turner procedió a querellar al secretario general del Tribunal de Cuentas por calumnia e injuria y señaló en un noticiero de televisión que todas las acusaciones en su contra son falsas.
Turner también procedió a denunciar ante la Procuraduría de la Administración al magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Álvaro Visuetti, por supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Turner ha manifestado que el hostigamiento de parte de Visuetti viene desde de 2010. El representante legal de la magistrada es el abogado Vicente Archibold.
