El último Consejo de Gabinete del presidente Ernesto Pérez Balladares celebrado ayer aprobó seis contratos, tres de los cuales son con la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y los restantes con dos empresas de distribución eléctrica y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Los ministros aprobaron el contrato entre la ARI y la empresa Horoko Golf Resort S.A. para el arrendamiento e inversión de una cancha de golf con un área de terreno de aproximadamente 62 hectáreas, incluyendo mejoras por el canon mensual de B/.15,030 por 20 años prorrogables.
Asimismo aprobó el contrato de compraventa e inversión entre la ARI y la misma empresa de un globo de terreno de 10 hectáreas con cinco viviendas unifamiliares, por B/.3,105.000 para el desarrollo de un proyecto de mediana intensidad.
También autorizó el contrato entre la ARI y la inmobiliaria Valle del Rey S.A. para la venta de un globo de terreno de 5.8 hectáreas por un monto de B/.4,478,000 para uso mixto, centro vecinal y otro con la empresa Japaca Insvestment Inc, para el desarrollo residencial por un monto de B/.2,319,000.
El Gabinete emitió además concepto favorable al convenio de cierre de contrato de compraventa del 51% de las acciones de la Empresa de Distribución Eléctrica Noreste S.A, suscrito entre el Estado y la empresa Panamá Distribution Group.
Igualmente concedió concepto favorable a los convenios de cierre de los contratos de compraventa del 51% de las acciones de la empresa de Distribución Eléctrica de Chiriquí S.A. y del 51% de las acciones de la empresa de distribución Eléctrica Metro Oeste S.A., ambos suscrito entre el Estado y la empresa Distribuidora Eléctrica del Caribe S.A..
Por el otro lado, emitió concepto favorable al contrato a celebrarse entre el IDAAN y la Comisión del Canal para el suministro de 40 millones de galones diarios de agua potable en el sector Pacífico del Canal de Panamá y 20 millones para el sector Atlántico.
Los ministros emitieron concepto favorable al compromiso de pago suscrito entre el Ministerio de Trabajo y los trabajadores de la empresa Editora Renovación, para reconocer la obligación del Estado con estos trabajadores en el pago de salarios caídos.
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