Casi un año después de la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el consorcio Hutchison, operador de los puertos de Balboa y Cristóbal, se promulgaron sus anexos.
Los anexos eran casi desconocidos por los propios legisladores, ya que no se presentaron junto al proyecto que aprobó la Asamblea a fines de 1996 y que fue promulgado como ley de la República, el 16 de enero de 1997.
Según los anexos, a la Hutchison se le concedieron 197 hectáreas más 4,858 metros para el puerto de Balboa y 147 hectáreas más 1,943 metros en Cristóbal. En Cristóbal se contempla además un polígono para futura expansión de 89 hectáreas más 6,346 metros.
También se advierte que "cualquier desarrollo en áreas de Albrook no deberá afectar la operación eficiente de la empresa. Si tales desarrollos afectan la operación, la empresa tendrá el derecho de cuantificar los costos que tales trastornos le causen, sujeto a consulta con el Estado".
De acuerdo a los anexos, esos costos serán deducidos primero de la anualidad variable que debe aportar Hutchison al Estado (que es del 10% de las entradas brutas) y de la anualidad fija, si existe algún saldo.
El documento promulgado también revela que la Hutchison pagó a la Autoridad Portuaria B/.11.6 millones por los equipos portuarios.
En los anexos también se establece que la Hutchison tendrá una opción por 15 años para extender sus instalaciones en Diablo e isla Telfers y de tres años sobre Rodman.
