A pesar de que estudios recientes señalan que se requiere un médico por cada 500 detenidos, la realidad es que en Panamá, un galeno atiende una población de 2 mil reclusos.
No obstante, con el fin de mejorar esta situación, las autoridades de salud validaron las normas de atención para la población privada de libertad.
Las normas que se pretenden implementar buscan establecer los componentes para garantizar y mejorar los servicios en medicina general, enfermería, salud bucal, área psicosocial, nutrición, discapacidad y salud pública.
Las disposiciones que fueron consensuadas a través de una comisión interinstitucional conformada por representantes de Salud, Gobierno y Justicia y Desarrollo Social, intentan resolver la deteriorada atención que aqueja a los 11,389 reos de los 17 centros penitenciarios del país.
A criterio de la viceministra de Salud, Dora Jara, es lamentable que no se brinde la atención médica requerida para los detenidos.
Sostuvo que el hacinamiento carcelario representa uno de los factores que aqueja la salud física y mental de los privados de libertad, aunada a las condiciones de salubridad producto del deterioro de las viejas infraestructuras de los penales.
