Una ley y tres proyectos objetados en la última semana
La Defensoría del Pueblo cuenta con una norma actualizada, mientras que el presidente José Raúl Mulino vetó otros tres proyectos en forma parcial.
Con la nueva ley, la Defensoría del Pueblo actualiza su parte normativa. Cortesía
El presidente José Raúl Mulino sancionó la ley que reforma la Defensoría del Pueblo, pero a su vez, objetó tres proyectos de ley en forma parcial.
Con las nuevas modificaciones mediante la Ley No.504, se crea la Carrera Defensorial en la Defensoría del Pueblo y además es designada como el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El pasado 17 de diciembre, Mulino vetó en forma parcial el proyecto No.137 que crea el Patronato del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón.
Fueron dos artículos los objetados de la propuesta por inconvenientes.
Y el 18 de diciembre, Mulino objetaría los proyectos No.82, que promueve la limpieza de espacios públicos; y el No.396, que establece medidas para la prevención de pérdidas de alimentos y la promoción de la seguridad alimentaria.
Del proyecto No. 82 se objetaron tres artículos por inconvenientes y uno por inexequible.
El mandatario señaló que el documento presentar vicios tanto en materia presupuestaria como en la protección de datos personales.
"La creación de un registro paralelo, la inclusión del voluntariado como obligación institucional y la ausencia de garantías para el tratamiento de datos", precisó.
Con referencia al proyecto 396, fueron considerados inconvenientes 5 artículos, mientras que 3 fueron declarados inexequibles.
El Ministerio de Educación (Meduca) es la entidad que más objeciones presentó con respecto a la propuesta legislativa.
El proyecto tiene como objetivo establecer, actualizar e implementar el marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos, el cual se enfocará en el fortalecimiento, educación, concienciación y movilización de todos los actores involucrados en la cadena de suministro.
Sin embargo, Meduca plantea que el artículo 3, que incluye en su ámbito de aplicación a los comedores escolares, interfiere en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que toda exoneración tributaria (a la que hace alusión el proyecto) implica necesariamente una disminución en los ingresos públicos.
"La creación de incentivos sin estudios de impacto fiscal constituye una decisión riesgosa desde el punto de vista financiero", se registra en el informe.
Luego de estas decisiones, el presidente Mulino queda a paz y salvo con la Asamblea en cuanto a sanciones y objeciones de proyectos aprobados.