Cuando los representantes del distrito capital protestaron contra la Policía Nacional (PN) a inicios de diciembre, fueron cuestionados por la población que hoy podría estar cerca de imitar la actitud de los ediles luego de los últimos hechos en que han estado involucrados los uniformados.
Entre ellos, la agresión al abogado colonense Carlos Tuñón, quien dijo ser agredido por agentes de la PN "sin justificación alguna", pese a demostrar la identificación solicitada por los agentes.
Glenda Galán hacía compras de fin de año en el Centro Comercial Los Pueblos cuando fue acusada de romper un adorno y a la sorpresa por este señalamiento le siguió una paliza propinada por el sargento primero Guillermo Deboutand Araúz.
Galán presentaba heridas en brazos, muñecas, piernas y muslos.
Un día después, el 28 de diciembre, Beikis Ceballos presentó, ante la Unidad de Asuntos Internos de la PN, una denuncia por acoso contra su ex compañero, el cabo José Ramos.
Dos semanas después, el agente policial dio muerte a Ceballos de siete impactos de bala y luego se suicidó.
Al día siguiente los panameños leían el suceso en los diarios y el dirigente Jaime Caballero, más que informado, se sintió identificado. Ese mismo día, el dirigente denunció que fue agredido "salvajemente" por miembros de la PN por protestar contra el TLC y el alza de la tarifa de energía eléctrica.
El 13 de enero de este año, la denuncia vino del Centro Penitenciario La Joya, donde un subteniente fue acusado de maltratar a los reos.
Luego, cuando una bala se alojó en el cuerpo de Ligia Elena Sinisterra acabando con su vida, se rumoraba que un policía era responsable.
¿Por qué no si hasta un campeón mundial había llevado su parte? Roberto "La Araña" Vásquez fue perseguido y lesionado, pero su característica humildad le motivó a perdonar.
El año pasado se atendieron al menos 723 casos de agentes policiales por la comisión de irregularidades y la participación en hechos delictivos.
Este año también resaltan los cuestionamientos hacia policías por participar en la fuga de reos, secuestros, y la desatención, por parte de un mayor, a las órdenes de agentes de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial.