Con la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 154, con el que el se mejora el sistema de evaluación y acreditación universitaria del país, aquellos centros de enseñanzas de estudio superior con poco tiempo de haber obtenido el decreto de funcionamiento se someterán al proceso evaluador cuando tengan ocho años de estar operando y no seis, como establecía la normativa anterior, la Ley 30 de 2006.
Durante la discusión del proyecto en la Asamblea Nacional se acordó entre todas las partes darles a estos centros de enseñanza dos años más para obtener la acreditación, ya que en seis años les era imposible lograr cumplir con las dos generaciones de graduandos, uno de los requisitos que en la actualidad se exige para entrar a la evaluación institucional.
No obstante, los seis años se mantienen para aquellas universidades que deben ser reacreditadas.
María de Benavides, secretaria del Comité Técnico de Fiscalización (CTF), epxre´so que se logró una ley de consenso, donde las universidades oficiales como las particulares y el Ministerio de Educación (Meduca) estuvieron de acuerdo. "Es una ley que recoge los vacíos de la ley anterior, es un poco más específica", resaltó.
Con la nueva norma, además se crea la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), que remplazará a la CTF, pero mantendrá las mismas funciones que este ente.
Asimismo, cuando llegue el momento de escoger al nuevo secretario de la CTDA deberá contar con el mismo perfil de selección que se aplica al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneaupa), organismo que mantiene su denominación y que sigue al frente del proceso de acreditación.
Otro aspecto a resaltar del nuevo documento es que crea una Secretaria Académica dentro de la CTDA que será la encargada de recibir los planes de contingencia y documentos académicos de las universidades que cierren, así como certificará los estudios de aquellos que hayan estudiado en esos centros de enseñanza, de manera que puedan continuar su estudios en otras universidades.
Uno de las modificaciones que sufrió el proyecto presentado es que todo lo concerniente a los centros o institutos de enseñanza superior y los centros de educación postmedia, oficiales o particulares se maneje en un nuevo marco regulatorio y no como se planteó en el texto, antes de ser discutido en la Asamblea.
La ley, después de sancionada, contará con seis meses para presentar su reglamentación, en la que se definirá el tema de las sanciones a las faltas en las que incurran las universidades.
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