El Bloque Popular Universitario (BPU) de la Facultad de Derecho exigió ayer a las autoridades una investigación profunda que aclare la situación del Darién y denunció que el gobierno norteamericano y la oligarquía panameña quieren crear el clima propicio para la permanencia de bases militares después de 1999.
Los estudiantes recomendaron a las autoridades el intercambio de información con las fuerzas guerrilleras, que eviten situaciones lamentables en el futuro y el fortalecimiento de los guarda-fronteras panameños sin revivir el pasado militarista.
"Así como hacen otros estados que intercambian información con las fuerzas guerrilleras, de igual forma lo puede hacer Panamá", afirmó el dirigente del BPU, Nathele Méndez.
Puntualizó que las autoridades nacionales tienen que reconocer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son grupos beligerantes que ameritan alguna negociación.
Sostuvo que esta organización se opone categóricamente a las pretensiones del actual y del futuro gobierno tendientes a prolongar la presencia de las bases militares norteamericanas en Panamá después de 1999.
Manifestó que en los últimos días la población ha sido objeto de la más abierta y descarada ofensiva psicológica a manos del gobierno norteamericano y la oligarquía panameña tendiente a garantizar la permanencia de bases militares.
"Llama poderosamente la atención que estas acciones de supuestos grupos irregulares colombianos en Darién se dé cuando quieren vender la idea que la presencia militar norteamericana es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el mantenimiento de la paz y seguridad del Canal", anotó Méndez.
Precisó que es extraño que luego del fracaso del Centro Multilateral Antidrogas (CMA), el despliegue de grupos armados foráneos en la frontera coincida con el replanteamiento del tema de la permanencia de bases militares.
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