Usuarios y consumidores esperan mayor participación

Durante los últimos diez años, los usuarios y consumidores se han sentido desprotegidos, por lo cual quienes dirigen organizaciones que representan a ese sector esperan ser tomados en cuenta por el nuevo gobierno. Los voceros de los consumidores y usuarios plantean que se han convertido en víctimas de quienes prestan los servicios públicos como transporte, salud, educación, agua, luz, entre otros.

En medio de esta realidad, Pedro Acosta, dirigente de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (Uncurepa), señala que esperan que se permita una mayor participación ciudadana para que haya mejora en algunos de los servicios públicos.

"En los últimos cinco años definitivamente han sido desastrosos para los consumidores en lo que tiene que ver con generación de alimentos, producción de alimentos. Se hizo una ley de un PADE que yo la califiqué para después porque es una cosa en la cual hay mucha demagogia; esa ley del PADE es una demagogia política", expresa.

Recalca que "nuestra expectativa es que haya más participación ciudadana, que haya acceso. Panamá pertenece a la OMC y tenemos una economía abierta, libre oferta y demanda, pero en esta economía abierta de libre oferta y demanda y de libre competencia, la obligación número uno del Estado es garantizarnos a los consumidores el acceso universal a los alimentos, a la producción nacional o importada".

Considera Acosta que el Gobierno no puede decir que si no hay productos nacionales no se puede; sí se puede, porque tiene que garantizar los productos sean nacionales o importados, independientemente del precio.

Acosta insiste en que hay una expectativa de que haya mejores o más políticas públicas; debe haber mejores políticas públicas de atención a los consumidores. Y pone como ejemplo "la salud pública, es obligatoria para los consumidores; las personas se están yendo a las clínicas privadas porque el Estado no brinda una buena atención y ello no debería ser".

Recuerda que el transporte "es el derecho a la movilización, y el Estado no garantiza el derecho a la movilización y está el desastre del Metrobús; el Metro es el que ha salvado la situación, pero el resto del transporte público es un problema".

Sobre la educación, indica que "en estos cinco años hemos mantenido la lucha contra los colegios privados por la forma en que actúan. Porque el Estado tampoco garantiza la educación pública.

La educación se ha vuelto un negocio, porque si el Estado no te garantiza la educación en las escuelas públicas, se hace una sociedad anónima debido al problema con los colegios públicos y contratas un servicio de educación en base a lo que te ponen en un contrato".

En cuanto a la producción de alimentos, recalca que no es misericordia, ya que la producción de alimentos es un negocio, y el que se mete a producir alimentos es para ganar plata; ya que a ellos no les interesa si el consumidor tiene salud.

"Él quiere vender, esa es la realidad; la producción de alimentos, sea el que sea, es un afán de ganar dinero. Hay los que producen mejor, los que producen menos, los que producen más saludables, pero es un negocio".

Acosta menciona también el abuso por parte de los bancos y las aseguradoras. "En el caso de los bancos por cláusulas abusivas, de igual forma las aseguradoras que manejan gran parte de la economía; todos los contratos son contratos de adhesión, ningún consumidor se sienta a negociar una póliza o a negociar con el banco nada.

Ya los contratos están hechos y llenos de cláusulas abusivas en contra de los consumidores, igual los contratos de las inmobiliarias cuando compras una casa o apartamento, y muchas veces no se sabe lo que se firma y allí queda enredado con la inmobiliaria, con el banco, con la constructora, a 30 años".

Por su parte, Luis Torres, dirigente de los usuarios del transporte público, señala que los usuarios desde hace un tiempo para acá son víctimas, en vez de ser pasajeros o clientes.

"Queremos que eso se acabe, por ello con este nuevo gobierno esperemos que nos apoye a los usuarios que somos los clientes y las víctimas de aumentos de pasajes que se dan sin autorización. Y encima de ello, si no le quieres pagar porque es ilegal, te matan o te golpean, te irrespetan tus derechos como usuario".

Agrega que el defensor del pueblo tampoco quiere escoger a los nuevos representantes de la junta directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que se venció hace cuatro años.

Tiene los nombres y todo para hacer la escogencia y "no quieren porque parece que tienen un monopolio, y únicamente los que están tomando decisiones allá adentro son los transportistas, el Gobierno y la ATTT". Torres denuncia que los usuarios no tienen a nadie que los defienda dentro de la directiva de la ATTT, ya que no tienen representación.

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