El ingeniero civil y sanitario, José Fierro, elaboró y entregó en la segunda mitad de la década del 90 un estudio al Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre mejoras al cauce de los ríos Abajo, Juan Díaz y Tapia.
El estudio, que tuvo un costo de cerca de un millón de balboas, tenía como objetivo mejorar el cauce de estos recursos, de forma tal que las aguas evacuaran fácilmente para evitar mayores inundaciones. El trabajo lo recibió el entonces ministro Luis Blanco.
"Este estudio, una vez fue entregado al MOP, allí se ha quedado. En el ministerio están los planos y las especificaciones, esto quiere decir que ya no hay que hacer otro estudio, pues éste dice qué hay que hacer", dijo Fierro.
"Los estudios incluían efectuar algunas rectificaciones, entre las que se destacan el realineamiento del río para que las aguas fluyeran a mayor velocidad, mejorar el cauce del río donde se pudiera, entre otras mejoras", señaló el ingeniero.
Indicó que una de las fallas que reveló el estudio es que el puente sobre el río Juan Díaz, que está dentro del centro comercial Los Pueblos, restringe la salida de las aguas.
"Nunca se debió permitir que esta estructura se hiciera tan angosta", añadió el experto.
Otra de las irregularidades se encontró en Puente del Rey, por lo que se recomendó que se hicieran unos cajones laterales para preservar el monumento histórico.
Agregó que esta investigación determinó que se debía mejorar el cauce de los ríos en los puntos donde era viable.
Explicó que en la medida en que las cuencas de los ríos son desarrolladas, se pierde la absorción natural de los suelos, pues éstas llegan a los ríos a través del sistema de drenaje de las urbanizaciones aumentando el volumen de agua en los ríos.
La actividad de ciertas personas de arrojar desperdicios a los ríos es parte del problema de las inundaciones, pero no es el dilema principal, sostiene el experto.
José Fierro afirmó que se deben estudiar los ríos desde donde nacen hasta su desembocadura, para detectar los puntos inundables.
Cuando se tenga esta información, el Gobierno debe señalizar los sectores de inundación y evitar que sean utilizados para ubicar viviendas.
