@AntonioSaul27
En una acción inusual en un Estado de Derecho y, a pesar de que lo ha negado reiteradamente, ayer el presidente Juan Carlos Varela adelantó que esta semana el Ministerio Público incautará $30 millones en el caso de Cobranzas del Istmo, sin que esta dependencia haya hecho ningún anuncio.
Varela justificó, además, el pago de $7 millones que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, a Cobranzas del Istmo y dijo que le toca ahora a la justicia hacer su trabajo para recuperar dineros cobrados por esta empresa.
El mandatario, quien habló ayer en el Clásico Presidente de la República, ha negado en reiteradas ocasiones que tenga injerencia en los casos que adelanta el Ministerio Público en contra de exfuncionarios y del exgobernante Ricardo Martinelli.
Martinelli, los abogados que defienden a excolaboradores de su gobierno y miembros de la sociedad civil han acusado a Varela de aplicar una justicia selectiva en el país en contra de sus opositores.
En tanto, el pago de $7 millones que el ministro De La Guardia autorizó a Cobranzas del Istmo pone en duda las denuncias de ilegalidad que en estos momentos son investigadas en el Ministerio Público.
A esta conclusión llegó Leonardo Paúl, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, en su participación en el programa Debate Abierto de RPC Televisión.
“Cuando pagaron los 7 millones de dólares, en el mes de enero, (el MEF) honró el contrato (entre el Estado y Cobranzas del Istmo)”, destacó Paúl, al hacer referencia a los pagos que este gobierno hizo a la mencionada empresa de gestión de cobros.
Quien se sumó a este argumento fue el abogado Víctor Chan Castillo, apoderado de Luis Cucalón en este proceso investigado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
“Ese contrato, con todas las imperfecciones que ellos (MEF) argumentan, al final lo honraron, y si lo honraron, mi pregunta es por qué se imputan delitos de peculado”, destacó Chan Castillo, quien dijo que este acto administrativo del gobierno actual debe ser motivo para ordenar el archivo de la investigación que en estos momentos se realiza.
A juicio de Chan Castillo, en el momento que se hicieron los pagos, en enero de este año, las autoridades del MEF le dieron valor al contrato, por lo tanto, no se puede realizar una imputación al respecto.
Sustentó que el pago se hizo después de que la Dirección General de Ingresos (DGI) procediera administrativamente con la suspensión del contrato y que la Corte Suprema admitiera una demanda de nulidad presentada por el abogado Miguel Antonio Bernal.
Igualmente, un día antes de la fecha de dicho pago, De La Guardia denunció penalmente a Luis Cucalón por la firma del contrato.
Considera Víctor Chan que con el pago de los $7 millones, Dulcidio honró lo pactado entre el Estado y Cobranzas del Istmo y, por lo tanto, las denuncias que motivaron esta investigación deben ser nulas.
En este expediente, hay cuatro personas a las que se les han formulado cargos, de las cuales se ha indagado a tres, a las que se les aplicó medida cautelar.
Cucalón obedecía órdenes de sus superiores, manifestó su abogado
El actual ministro del MEF, Dulcidio De La Guardia, debe acudir a rendir indagatoria en las investigaciones que se adelantan al contrato otorgado a Cobranzas del Istmo.
Así lo reiteró el abogado Carlos Benítez, representante de Luis Cucalón, exdirector de la DGI.
Según el jurista, es fundamental la comparecencia del ministro De La Guardia, “porque no solo ha sido mencionado por nuestro patrocinado, sino por otras personas que han declarado dentro del expediente”, reveló Benítez.
Agregó que Luis Cucalón, quien cumple detención preventiva por este caso, simplemente obedecía órdenes, ya que “dentro de la jerarquía, sobre él estaba un ministro (Alberto Vallarino) y un viceministro (Dulcidio De La Guardia), y él tenía que obedecer las órdenes de sus superiores”.
Por ello, Carlos Benítez insiste en que, tanto Alberto Vallarino como Dulcidio De La Guardia, “deben acudir a dar explicaciones, para que de esa forma se aclaren muchas cosas sobre los contratos a Cobranzas del Istmo”.
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