Los Tribunales de Arbitraje podrían fijar nuevas fechas de audiencia entre Refinería Panamá y el Estado panameño, al no aprobar el Ejecutivo el acuerdo preliminar con el que se intenta poner fin a una millonaria demanda interpuesta por la empresa.
El gerente de Asuntos Gubernamentales de Refinería Panamá S.A., Rafael Jaén, informó que al vencer el 15 de marzo el plazo que se les otorgó para resolver las demandas de manera amigable, la Corte en cualquier momento podría fijar fecha de audiencia.
Tras varios meses de negociaciones que tenían como propósito reformar el Contrato Ley firmado entre la Nación y la empresa en 1992, se logró pactar un acuerdo preliminar para dejar sin efecto la demanda de arbitraje internacional contra el Estado por 89 millones de dólares.
La Refinería reclamaba esta indemnización por el incumplimiento de cláusulas contenidas en el Contrato Ley No. 35 celebrado entre ambas partes en 1992. El contrato disponía que aquellos derivados de petróleo que ingresaran al país estaban sujetos a una tarifa de protección de empezó en 20% y llegó a 11%, pero en 1998 se dispuso que las compañías generadoras de electricidad podían introducir al país, libre de impuestos, los combustibles que utilizarían.
"El arbitraje está vivo desde 1999 desde que Refinería demandó al Estado y luego el Estado nos contrademandó. Ha habido suspensiones temporales, pero al haber una situación de ganar-ganar, se supone que se llegará a un acuerdo, sin embargo, el tema se ha pospuesto en dos ocasiones en el Gabinete", recalcó el ejecutivo.
El acuerdo implica a su vez convertir la planta refinadora en un centro de acopio de combustible, lo que implicaría la liquidación de la mayoría de sus empleados. Jaén indicó que se ha escuchado a la presidenta, Mireya Moscoso y al ministro de Comercio, Joaquín Jácome, manifestar que había un ambiente favorable para aprobar el acuerdo, sin embargo, esperan que la empresa y los empleados logren un consenso sobre la situación laboral.
Según Pérez Roque, Cuba ha solicitado a Panamá la extradición de esas personas, que le ha sido denegada mientras que el Gobierno venezolano tiene pendiente respuesta a su solicitud de extradición de Luis Posada.