Nicaragua expondrá el éxito de su modelo policial en la lucha contra el crimen organizado durante la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, que se celebrará la próxima semana en Guatemala, anunció hoy una fuente policial.
La jefa de la policía nicaragüense, Aminta Granera, dijo durante un acto oficial que el país fue escogido para exponer sobre ese tema "por considerarse la mejor experiencia de seguridad en la región".
En Nicaragua el éxito contra el crimen organizado se debe a un modelo de responsabilidad compartida en el que "entran en juego la prevención policial, estatal y social", explicó.
Guatemala acogerá el 22 y 23 de junio próximo esa Conferencia de Seguridad, a la que han confirmado su asistencia 10 jefes de Estado.
En esa reunión, los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) aprobarán una estrategia de cuatro puntos, entre los que la jefa policial mencionó el combate y enfrentamiento al crimen organizado, y otro de prevención del delito.
Además, la reinserción y rehabilitación penitenciaria de los criminales y el fortalecimiento de las instituciones.
Afirmó que la estrategia de seguridad ya fue aprobada por los jefes de policía de Centroamérica y por la Comisión de Seguridad del SICA, y será ratificada por los jefes de Estado.
Adelantó que en ese cónclave también discutirán sobre la seguridad desde una "responsabilidad compartida" entre los países productores, consumidores y los que sirven como corredores para el tráfico de drogas.
Añadió que el 21 de junio se celebrará una ronda de consultas sobre el tema de la seguridad entre jefes policiales, sector privado, sociedad civil y medios de comunicación.
A esa Conferencia de Seguridad se prevé la asistencia de los presidentes de Centroamérica, la República Dominicana, México y Colombia, así como de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y la ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, entre otros.
La jefa policial brindó esas declaraciones tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la Unión Europea por 5,8 millones de euros (unos 8,2 millones de dólares) para el funcionamiento de un laboratorio de criminalística y la mejora de capacidades técnicas de esa institución en el combate contra el crimen organizado.