A los reclamos por la tardanza en la entrega de documentos a los ciudadanos para votar el próximo domingo en Nicaragua se sumaron hoy denuncias de irregularidades en la acreditación de los fiscales que vigilarán las votaciones.
Además, en este segundo día de "silencio electoral", como se conoce en Nicaragua el periodo previo a las elecciones en el cual están prohibidas las actividades proselitistas, prosiguieron los llamamientos para que los ciudadanos acudan a su cita con las urnas.
En un artículo de opinión publicado hoy por el diario La Prensa, Robert Callahan, hasta julio pasado embajador de Estados Unidos en Nicaragua, pidió "por favor" a los nicaragüenses que vayan a votar y apoyen "la institucionalidad y la democracia".
Callahan, quien dijo escribir su artículo a título personal, indicó que si bien las encuestas dan como favorito para ganar en primera vuelta al presidente Daniel Ortega, los nicaragüenses deben ir a votar.
Calificó la candidatura de Ortega de "ilegítima, ilegal e inconstitucional", por sus maniobras legales para salvar la prohibición constitucional que le impedía aspirar a la reelección.
El domingo se elegirá al nuevo presidente del país, al vicepresidente, a 90 diputados de la Asamblea Nacional y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En total son unos 3,4 millones los ciudadanos habilitados para votar pero varios miles aun no han recibido los documentos de identidad necesarios para votar, lo que ha generado protestas, sobre todo en el norte del país.
La oposición a Ortega, que aparece el primero en todos los sondeos de intención de voto, se presenta dividida a estos comicios, pero cuestiona unánimemente la candidatura del dirigente sandinista.
La Constitución de Nicaragua expresamente prohíbe la reelección inmediata, pero magistrados oficialistas de la Corte Suprema de Justicia declararon inaplicable ese artículo, lo que abrió las puertas a la candidatura de Ortega.
El opositor Partido Liberal Independiente (PLI), cuyo candidato presidencial, el empresario radial Fabio Gadea aparece como segundo en los sondeos, denunció hoy en una rueda de prensa que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha puesto "trabas" a la acreditación de sus fiscales encargados de cuidar los votos.
Según el jefe campaña del PLI, Elíseo Núñez Morales, la autoridad electoral aún no ha acreditado al 25 por ciento de sus fiscales, sin aducir razón alguna.
Por otro lado, Núñez Morales negó en declaraciones a Efe que el PLI esté detrás de una supuesta carta del exgobernante y también candidato presidencial en estas elecciones Arnaldo Alemán para anunciar la retirada de su candidatura, como éste afirma.
Debido a esa carta que califica de "falsa", Alemán, candidato del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y tercero según las encuestas, denunció hoy ante el Ministerio Público por delito electoral al costarricense Dany Quiróz, estratega de comunicación del PLI.
Según Alemán, que fue presidente de 1997 a 2002 y fue sobreseído hace más de dos años de una condena a 20 años de cárcel por fraude y otros cargos de corrupción, Quiróz es el autor intelectual de la carta que ha aparecido con su firma en redes sociales de internet y también se ha difundido impresa en algunos puntos del país.
En la carta se le atribuye a Alemán decir que los comicios del domingo son "los más importantes que ha tenido Nicaragua", que lamenta la división de la oposición, que retira su candidatura y pide respaldar a Gadea, que es su consuegro.
"Doy un rotundo no a esas injurias, a esas mentiras", señaló el exgobernante sobre el texto.
Para el jefe de campaña de la alianza PLI, Eliseo Núñez Morales, al sacar el tema de la carta Alemán ha roto el "silencio electoral" de 72 horas que impone la ley nicaragüense y pretende evitar la entrada a Nicaragua de Quiróz, quien en Costa Rica ha sido director de comunicación del Movimiento Libertario.
También competirán como candidatos presidenciales el domingo el exdirigente de la "contra" y actual diputado Enrique Quiñónez por Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el académico Róger Guevara, por la Alianza Por la República (Apre).
El proceso es vigilado por unos 200 observadores extranjeros de la OEA, la UE y un grupo de expertos latinoamericanos en observación electoral, y unos 20.000 observadores nacionales.
