El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, afirmó hoy que no debe intervenir en los casos de supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad en Colombia, mientras el gobierno y las autoridades judiciales de Bogotá estén juzgando a los presuntos responsables.
"En la medida en la que los jueces nacionales actúen con genuinidad, mi primer deber es no intervenir", a pesar de que los crímenes entren en la jurisdicción de la corte, declaró el fiscal argentino en una entrevista a Efe.
Moreno Ocampo explicó que la CPI se limita a "monitorear el esfuerzo" de las autoridades colombianas, pero puntualizó que Colombia no saldrá de su lista de exámenes preliminares "hasta que se termine con todos los crímenes y se arreste a todas las personas" responsables.
Reconoció el esfuerzo de los jueces y los fiscales colombianos por procesar a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en ese país y opinó que en algunos casos se está actuando "con mucha eficiencia".
Se "ha juzgado a una enorme cantidad de líderes políticos vinculados con los paramilitares y a casi todos los jefes guerrilleros", agregó Moreno Ocampo, pero señaló que "en lo que no avanza es en la Ley de Justicia y Paz, en donde solamente hay una condena".
Sin embargo, explicó, la tardanza en este último caso no justifica la participación directa de la corte a la hora de juzgar los crímenes.
Resaltó que el Gobierno de Bogotá "quiere mover" la Ley de Justicia y Paz, para lo cual contará con la ayuda del juez español Baltasar Garzón, que los últimos meses ha formado parte del equipo de expertos consejeros de la fiscalía de la CPI.
Garzón recibió esta semana precisamente el visto bueno del órgano de gobierno de la judicatura española para trabajar durante un año como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia.
Moreno Ocampo destacó que el hecho de que Colombia y España colaboren en este proceso demuestra que con el Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la CPI, se creó no solamente una corte, sino también "una confederación de Estados que están unidos porque quieren terminar con los crímenes atroces".
El jurista argentino tiene a Colombia en el punto de mira desde 2003, cuando asumió su cargo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
"En Colombia había un número similar de muertos que en Congo, pero a diferencia el Gobierno estaba haciendo juicios, estaba desarrollando en ese momento lo que después se concretó en la Ley de Justicia y Paz", recordó el fiscal sobre el inicio de las investigaciones preliminares en ese país latinoamericano.
Además del caso de Colombia, Ocampo realiza también pesquisas preliminares sobre Honduras que tienen que ver con el golpe de junio de 2009, cuando el entonces presidente, Manuel Zelaya, fue destituido por el Ejército y trasladado por la fuerza desde su residencia a Costa Rica.
"Estamos viendo si eso construye crímenes bajo nuestra jurisdicción o no", indicó Ocampo, quien especificó que esos análisis preliminares todavía no han concluido y que la fiscalía se pronunciará al respecto "cuando estemos seguros".
