Funcionarios del Gobierno venezolano comenzaron hoy a ocupar la sede y sucursales de la empresa agrícola Agroisleña luego de la firma del decreto de "adquisición forzosa" por el presidente Hugo Chávez y de su publicación en la Gaceta Oficial de este martes.
Chávez, que firmó el decreto la pasada noche, justificó la medida afirmando que la empresa hispano-venezolana se había convertido en un oligopolio que traficaba con fondos obtenidos de bancos estatales y que vendía algunos productos a un precio de más del 200 por ciento sobre el recomendado oficialmente.
Según medios locales, se registraron hoy manifestaciones de rechazo a la expropiación durante la ocupación de algunas sucursales, como en las de los estados de Aragua y Barinas, mientras que en otras, como en el estado de Cojedes, la medida contó con el apoyo de los trabajadores de la firma.
Víctor Hernández, gerente de la sucursal de Aragua, dijo a la prensa: la expropiación "es un daño para nosotros, que también somos pueblo, y para Venezuela".
Agroisleña es una firma de capital español con 52 años de existencia y sucursales en 20 estados de Venezuela, que cuenta con cerca de 2.000 trabajadores a nivel nacional.
Chávez dijo el lunes que tras la toma de posesión de la empresa se producirá la "injertación socialista del Estado en la cadena de distribución de insumos para la producción agrícola".
También garantizó que los dueños de Agroisleña recibirán del Gobierno el "justo pago" por el valor de la empresa y que "se resguardará de manera especial los derechos y garantías de sus trabajadores y los de las empresas asociadas".
Agroisleña emitió ayer un comunicado en el que rechazó "absoluta y categóricamente" la expropiación y consideró que se basó en una "información insuficiente y posiblemente distorsionada".
Igualmente pidió a sus trabajadores que mantuvieran la calma y no realizaran acciones de calle que alteren el orden público.
Mientras portavoces del Gobierno aseguraron que con la expropiación se abaratarán los precios al consumidor de algunos productos agrícolas, quienes rechazan la medida afirmaron que ocurrirá lo contrario por la presunta incapacidad oficial para dirigir empresas de manera eficiente.
