Voceros de dos ONGs colombianas consideraron hoy en Bogotá que la entrega a Washington de ex jefes paramilitares por parte del Gobierno de Álvaro Uribe obligará a la Corte Penal Internacional (CPI) a intervenir en el país.
Los defensores de derechos humanos Marco Romero e Iván Cepeda coincidieron durante un encuentro con la prensa que el caso colombiano terminará en manos de la CPI, que tiene competencia plena sobre Colombia desde el pasado 1 de noviembre.
Romero, que preside la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), explicó que la extradición a EE.UU. de los más importantes jefes de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) puso los delitos de narcotráfico que cometieron por encima de la gestión judicial de los delitos de lesa humanidad en los que incurrieron.
Por una decisión del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que los acusó por incumplir sus compromisos de paz, las autoridades estadounidenses recibieron en mayo de 2008 a 13 antiguos mandos de las AUC, reclamados todos por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
"Su reconocimiento como paramilitares los hace responsables de crímenes de lesa humanidad", dijo Romero, para quien todos ellos terminarán enjuiciados por delitos de narcotráfico.
Así se "está creando una denegación de justicia frente a la cual debe actuar el tribunal penal internacional", afirmó el presidente de la organización no gubernamental (ONG) Codhes, y señaló que una reciente propuesta de flexibilizar la normativa de reinserción de los ultraderechistas complica el caso colombiano.
Cepeda, quien preside el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), advirtió de la aparición en el país de voces que piden que la llamada Ley de Justicia y Paz sea ampliada en sus competencias para que alcance a agentes del Estado implicados en delitos de lesa humanidad.
"No estamos de acuerdo con ninguna eventual flexibilización de los estándares de justicia en relación con crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública", enfatizó Cepeda, quien señala que una discusión al respecto debe darse dentro de un "marco lo suficientemente claro y profundo".
El presidente del Movice observó que también causa alarma una reciente propuesta del Gobierno sobre la restitución del Ministerio de Justicia, que hoy hace parte de la dependencia del Interior.
Es una iniciativa encaminada a cerrar de manera abrupta las investigaciones, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a ponerle "punto final" a los procesos de vínculos de congresistas y otros funcionarios del Estado con grupos paramilitares, agregó Cepeda.
El activista Cepeda puntualizó que "si el Gobierno persiste en la reforma al sistema judicial (...) y la lleva a cabo, sin lugar a dudas se generaría un precedente que difícilmente podrá ser ignorado por las instancias internacionales de justicia".
Como Cepeda, el defensor Romero consideró que la extradición de los ex paramilitares y la eventual flexibilización de la Ley de Justicia y Paz "van a configurar una situación de impunidad en el marco de Estado-Nación y, por lo tanto, debe habilitarse una competencia" de la CPI.
En este contexto, el presidente de Codhes resaltó que "Colombia es uno de los pocos países que está en observación del tribunal penal internacional".
Además, aclaró que, cuando interviene, la CPI "no debe encargarse necesariamente de todos los casos de violación de derechos humanos, sino que puede hacer también una intervención selectiva frente a casos en los que sistemáticamente hay una manifestación de impunidad", aclaró luego.
"Nosotros tenemos la expectativa de que la CPI se convierta tanto en una fuerza para que la justicia nacional funcione, como en una alternativa en los casos en los que no funcione, y en ese sentido vamos a trabajar", subrayó el presidente de Codhes.
Colombia quedó a partir del pasado 1 de noviembre bajo la égida de la CPI (luego de que venciera una moratoria que solicitó el país en 2002), que podrá investigar crímenes de guerra cometidos por paramilitares, guerrilleros, miembros de la fuerza pública y altos cargos, incluidos los presidentes.
