Amantes de lo empírico
A menudo habrán escuchado que los anaqueles y las gavetas de los escritorios de muchos altos funcionarios gubernamentales (de cualquiera que sea el gobierno de turno) están atiborrados de estudios e investigaciones hechas por expertos nacionales e internacionales. Y la verdad es que, por lo que conozco, esa impresión está bastante cercana a la realidad. Sin embargo, llama la atención que, con tantos estudios pagados con fondos estatales, a menudo se tomen decisiones sin un debido fundamento fáctico. No me gusta generalizar, pero creo que es justo decir que al norteamericano promedio le encantan las estadísticas. Basta con escuchar un juego de béisbol de las Grandes Ligas para darse cuenta del extremo al que llevan esa afición por los números. A mi juicio, se trata de una muy buena costumbre, ya que lo malo es acostumbrarse a afirmar cosas y aceptarlas sin tener un fundamento para hacerlo.
Me permito dar algunos ejemplos. Durante la discusión de una reciente reforma al Código Judicial, se me ocurrió solicitar a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, estadísticas sobre la cuantía de los procesos civiles que llegaban a los juzgados de Circuito. Solicité dicha información, ya que el Organo Judicial proponía incrementar la cuantía de la que podían conocer estos tribunales de los mil balboas que eran en ese momento a cinco mil balboas, de forma tal que todos los casos inferiores a dicha cantidad fueran atendidos por juzgados municipales. El propósito proclamado era el de agilizar los procesos civiles.
Para mi sorpresa, la Corte no contaba con dicha estadística. Después de reiteradas peticiones de mi parte, me facilitaron una estadística parcial de algunos juzgados que indicaba que el grueso de los casos que llegaban a la esfera de circuito estaba entre los mil y los cinco mil balboas. Es decir, con la reforma propuesta se traspasaba el conocimiento de la mayoría de los casos civiles a los juzgados municipales que, por lo menos en Panamá, son menos en cantidad que los juzgados de circuito. Al final, terminamos aprobando la reforma tal como la solicitó la Corte, pero me ha quedado la duda de saber si lo que hicimos efectivamente ha cumplido su cometido y cómo ha sido la experiencia en los juzgados municipales con la ampliación de su competencia. Lo triste es que, según tengo entendido, la cuantía solicitada (cinco mil) no fue producto de ningún análisis científico, sino simplemente el resultado caprichoso de la decisión de aumentar la competencia de los juzgados municipales sin analizar las consecuencias de escoger tal o cual cantidad como el nuevo límite.
En el plano educativo, a menudo se escucha decir que la Universidad de Panamá es la universidad donde van los pobres y todo el discurso populista que ya conocemos. Sin embargo, los números muestran otra cosa. Según estudios realizados por el Banco Mundial en años recientes, el 95% de los que asisten a dicha universidad caen dentro del rango de los no pobres. La realidad es que los pobres de este país apenas sí llegan a completar la educación básica general (los nueve primeros grados). Y ésta es una conclusión importante a la hora de asignar recursos, ya que si queremos hacer las cosas bien, el grueso de la inversión estatal debe ir para la educación básica general, incluyendo la preescolar, dado que es allí donde está concentrada la gente que vive en la miseria, la que más requiere del apoyo estatal. Si tuviéramos más datos y una mejor idea de qué es lo queremos saber, podríamos determinar qué tan importante es para los niños y las niñas panameñas cursar uno o dos años de estudios preescolares. En Chile, como producto de comprensivos esfuerzos nacionales de evaluación del rendimiento escolar, se ha podido determinar, por ejemplo, que dos años de educación preescolar (prekinder y kinder) apuntan a una mejora significativa de los logros académicos de esa persona en su educación posterior. ¿Podemos decir lo mismo de Panamá, basados en datos estadísticos y no en lo que la intuición nos indique?
Mientras prefiramos tomar decisiones empíricas, sin fundamentarnos en datos estadísticos, estaremos como se dice "dando tumbos a lo loco". Por ello, en materia educativa, creo que uno de los acuerdos fundamentales del Diálogo por la Transformación Integral de la Educación Nacional es, precisamente, el de establecer un Sistema Nacional de Evaluación de nuestro sistema educativo, lo cual debería complementarse con la participación de nuestro país en pruebas internacionales de evaluación del rendimiento académico (como el TIMMS y PISA). En lo personal, considero que evaluaciones periódicas nos permitirán en un futuro, ojalá no muy lejano, entrar a medir la eficiencia de las inversiones que hagamos y las decisiones que tomemos con respecto a nuestro sistema educativo, pieza angular en el desarrollo de nuestro principal capital, los seres humanos que habitamos este hermoso país. Es necesario que entendamos que los problemas no se resuelven con el solo hecho de hacer estudios sobre los mismos, pero que tampoco la acción por sí misma es garantía de solución, si no va acompañada del intelecto y de un análisis minucioso de las opciones y las consecuencias de cada una de ellas. Dejemos de actuar basados en percepciones e intuiciones y comencemos a trabajar en función de hechos comprobables y estudios fundamentados en cifras concretas y verificables. Estoy seguro que así tendremos mejores resultados de cada dólar que invertimos en educación y salud, dos rubros importantes para acabar con la desigual distribución de las riquezas que constituye la mayor vergüenza nacional.
Hoy muchas cosas se pueden hacer, sobre todo cuando precisamente en este momento la Asamblea Legislativa discute el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2003. En la Asamblea Legislativa, ¿por qué no empezamos eliminando el emolumento de B/.2,000 que recibe cada legislador suplente, y si quiere éste recibir algo, que se lo dé su correspondiente principal? ¿Por qué no implantan una serie de medidas de emergencia, como por ejemplo suspender las exoneraciones de automóvil, las prerrogativas de pago de teléfonos y todas esas cosas que aunque parezcan pequeñas, al sumarlas sacan mucho dinero de nuestras arcas nacionales? ¿Por qué no establecer máximos para los salarios estatales, eliminando algunos astronómicos como el del Presidente de la Asamblea, que asciende a B/.14,000 mensuales?
¿Por qué a nivel de la misma Presidencia, además de rendirse cuentas sobre el uso de las partidas discrecionales que tanto le criticaron al Presidente Pérez Balladares, decidimos suspender las mismas para el 2003, anunciando con ello que el Año del Centenario, además de traer el Miss Universo a Panamá, será el Año de la Austeridad? ¿ Por qué no cerramos esa oficina del Ministro de Asuntos del Canal, que no tiene funciones específicas, ya que todo lo que hace es de privativa competencia de la Autoridad del Canal, pero que se lleva tres millones del Presupuesto Estatal? ¿Por qué no ponerle coto a los gastos del Despacho de la Primera Dama, convertido ya en una especie de ministerio más, pidiéndole al Ministerio de la Juventud que asuma las funciones que tiene?
Hablamos de contención del gasto público, de recortes y de austeridad, pero simplemente no hacemos nada concreto para indicarle al país que de verdad ése es el propósito que se tiene.
Ojalá que los actuales gobernantes, mirándose en el espejo de la crisis de 1932, puedan seguir el ejemplo de un mandatario como el Dr. Harmodio Arias Madrid y sepan brindarle al país la brújula y la dirección que en el día de hoy como que se le ha extraviado.
(gcochez@cableonda.net)
Por su parte, la ARI manifestó que el sector de Howard es cubierto por la ruta de SACA actualmente y además opera una piquera de taxis que brinda el servicio hasta la ciudad de Panamá.
El 59% de los empleados públicos utiliza transporte colectivo, y el 35% se traslada a su trabajo en taxis y autos propios, de acuerdo con una encuesta aplicada entre los funcionarios con motivo del estudio para la ciudad gubernamental en Howard.
La misma encuesta reveló que el 75% de los funcionarios prefiere ser trasladado para Albrook que viajar hasta Howard. El tiempo que tomarían los empleados públicos para llegar hasta Howard sería de entre 45 minutos y una hora, dependiendo de si viajan en buses o autos propios.
De acuerdo con Sucre, el estudio incluye la posible habilitación de sucursales bancarias, cafeterías, restaurantes y guarderías como servicios complementarios para los empleados y usuarios de las dependencias.
Para habilitar estacionamientos en Howard eso no es problema, ya que la zona tiene áreas para este fin, según la propia ARI. En cuanto a la seguridad en la zona, la ARI reveló que en la actualidad las instalaciones son vigiladas por la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional (SPI). A estas unidades se sumará la vigilancia institucional de cada una de las entidades que se mudarán para Howard.
Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) manifestó que esa agrupación hizo sus recomendaciones a la comisión interinstitucional para un posible traslado de empleados hacia Howard, aunque señaló que desconoce si las mismas serán tomadas en consideración.
En primer lugar, la agrupación solicitó que todas las infraestructuras destinadas para los ministerios sean saneadas debidamente para evitar el contagio de enfermedades.
El dirigente recordó que en algunos edificios ocupados por algunas entidades en Curundú varios funcionarios adquirieron enfermedades y alergias, como toxoplasmosis y asma, porque no fueron saneados antes de ser ocupados.
Por tal motivo, Berrocal indicó que su recomendación principal es que los edificios sean saneados para evitar que los empleados contraigan enfermedades y que puedan laborar en optimas condiciones y un ambiente de productividad.
Berrocal reveló que si no se ofrece el servicio de transporte gratuito a los empleados hasta Howard , la FENASEP ha solicitado que se otorgue un aumento salarial debido a que la mayoría de los trabajadores de esos ministerios gana un salario que oscila entre B/.250.00 y B/.400.00.
Señaló que el dinero que ahorrará el Gobierno en materia de alquiler por el traslado hacia el centro gubernamental, puede destinarse a un aumento salarial para los empleados que vayan hacia Howard.
Manifestó que el incremento de salario ayudaría a los funcionarios en los gastos extra de transporte en que tendrían que incurrir para trasladarse hacia el área.
José Batista, presidente SPIA, advirtió que instalar un centro gubernamental en Howard es una idea "descabellada", que denota la "ligereza" con que el Gobierno busca llevar a cabo uno de sus megaproyectos. "Howard es una decisión descabellada, lo que indica que no hay un planteamiento serio para este proyecto", aseguró Batista.
A su juicio, sólo el tráfico y el transporte hacia Howard representa un problema que el Estado no podrá resolver en pocos meses. Indicó que estudios realizados por el gremio indican que sólo cuatro ministerios del Estado juntos podrían ocasionar la movilización de 50 mil usuarios.
Se requerían mil buses de 50 pasajeros cada uno para movilizar diariamente esa cantidad de usuarios hacia Howard y el Gobierno tendría que dejar a toda la ciudad capital sin buses para ello, indicó.
Manifestó que la SPIA insiste en la necesidad de que el Gobierno descentralice las oficinas públicas, construyendo varios ministerios en terrenos ociosos que existen en la capital como en el sector de Carrasquilla, El Marañón y Cerro Patacón.
"No es necesario tener todos los ministerios juntos, lo que se requiere es descentralizar", comentó el dirigente de la SPIA.
Para Manuel González Ruiz, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC,) habilitar edificios en Howard, que no fueron construidos para oficinas públicas sino para uso militar, va a costar más dinero que el alquiler que se paga actualmente por esos ministerios, debido a las mejoras que habría que realizar.
González Ruiz advirtió que la mudanza de seis ministerios hacia la antigua base militar dejaría sin sentido la continuidad de la ciudad gubernamental. "Si eso (ministerios en Howard) se lleva a cabo, es el entierro de la ciudad gubernamental tal como se tenía concebida en el estudio", advirtió el empresario.
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
Me permito dar algunos ejemplos. Durante la discusión de una reciente reforma al Código Judicial, se me ocurrió solicitar a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, estadísticas sobre la cuantía de los procesos civiles que llegaban a los juzgados de Circuito. Solicité dicha información, ya que el Organo Judicial proponía incrementar la cuantía de la que podían conocer estos tribunales de los mil balboas que eran en ese momento a cinco mil balboas, de forma tal que todos los casos inferiores a dicha cantidad fueran atendidos por juzgados municipales. El propósito proclamado era el de agilizar los procesos civiles.
Para mi sorpresa, la Corte no contaba con dicha estadística. Después de reiteradas peticiones de mi parte, me facilitaron una estadística parcial de algunos juzgados que indicaba que el grueso de los casos que llegaban a la esfera de circuito estaba entre los mil y los cinco mil balboas. Es decir, con la reforma propuesta se traspasaba el conocimiento de la mayoría de los casos civiles a los juzgados municipales que, por lo menos en Panamá, son menos en cantidad que los juzgados de circuito. Al final, terminamos aprobando la reforma tal como la solicitó la Corte, pero me ha quedado la duda de saber si lo que hicimos efectivamente ha cumplido su cometido y cómo ha sido la experiencia en los juzgados municipales con la ampliación de su competencia. Lo triste es que, según tengo entendido, la cuantía solicitada (cinco mil) no fue producto de ningún análisis científico, sino simplemente el resultado caprichoso de la decisión de aumentar la competencia de los juzgados municipales sin analizar las consecuencias de escoger tal o cual cantidad como el nuevo límite.
En el plano educativo, a menudo se escucha decir que la Universidad de Panamá es la universidad donde van los pobres y todo el discurso populista que ya conocemos. Sin embargo, los números muestran otra cosa. Según estudios realizados por el Banco Mundial en años recientes, el 95% de los que asisten a dicha universidad caen dentro del rango de los no pobres. La realidad es que los pobres de este país apenas sí llegan a completar la educación básica general (los nueve primeros grados). Y ésta es una conclusión importante a la hora de asignar recursos, ya que si queremos hacer las cosas bien, el grueso de la inversión estatal debe ir para la educación básica general, incluyendo la preescolar, dado que es allí donde está concentrada la gente que vive en la miseria, la que más requiere del apoyo estatal. Si tuviéramos más datos y una mejor idea de qué es lo queremos saber, podríamos determinar qué tan importante es para los niños y las niñas panameñas cursar uno o dos años de estudios preescolares. En Chile, como producto de comprensivos esfuerzos nacionales de evaluación del rendimiento escolar, se ha podido determinar, por ejemplo, que dos años de educación preescolar (prekinder y kinder) apuntan a una mejora significativa de los logros académicos de esa persona en su educación posterior. ¿Podemos decir lo mismo de Panamá, basados en datos estadísticos y no en lo que la intuición nos indique?
Mientras prefiramos tomar decisiones empíricas, sin fundamentarnos en datos estadísticos, estaremos como se dice "dando tumbos a lo loco". Por ello, en materia educativa, creo que uno de los acuerdos fundamentales del Diálogo por la Transformación Integral de la Educación Nacional es, precisamente, el de establecer un Sistema Nacional de Evaluación de nuestro sistema educativo, lo cual debería complementarse con la participación de nuestro país en pruebas internacionales de evaluación del rendimiento académico (como el TIMMS y PISA). En lo personal, considero que evaluaciones periódicas nos permitirán en un futuro, ojalá no muy lejano, entrar a medir la eficiencia de las inversiones que hagamos y las decisiones que tomemos con respecto a nuestro sistema educativo, pieza angular en el desarrollo de nuestro principal capital, los seres humanos que habitamos este hermoso país. Es necesario que entendamos que los problemas no se resuelven con el solo hecho de hacer estudios sobre los mismos, pero que tampoco la acción por sí misma es garantía de solución, si no va acompañada del intelecto y de un análisis minucioso de las opciones y las consecuencias de cada una de ellas. Dejemos de actuar basados en percepciones e intuiciones y comencemos a trabajar en función de hechos comprobables y estudios fundamentados en cifras concretas y verificables. Estoy seguro que así tendremos mejores resultados de cada dólar que invertimos en educación y salud, dos rubros importantes para acabar con la desigual distribución de las riquezas que constituye la mayor vergüenza nacional.
Hoy muchas cosas se pueden hacer, sobre todo cuando precisamente en este momento la Asamblea Legislativa discute el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2003. En la Asamblea Legislativa, ¿por qué no empezamos eliminando el emolumento de B/.2,000 que recibe cada legislador suplente, y si quiere éste recibir algo, que se lo dé su correspondiente principal? ¿Por qué no implantan una serie de medidas de emergencia, como por ejemplo suspender las exoneraciones de automóvil, las prerrogativas de pago de teléfonos y todas esas cosas que aunque parezcan pequeñas, al sumarlas sacan mucho dinero de nuestras arcas nacionales? ¿Por qué no establecer máximos para los salarios estatales, eliminando algunos astronómicos como el del Presidente de la Asamblea, que asciende a B/.14,000 mensuales?
¿Por qué a nivel de la misma Presidencia, además de rendirse cuentas sobre el uso de las partidas discrecionales que tanto le criticaron al Presidente Pérez Balladares, decidimos suspender las mismas para el 2003, anunciando con ello que el Año del Centenario, además de traer el Miss Universo a Panamá, será el Año de la Austeridad? ¿ Por qué no cerramos esa oficina del Ministro de Asuntos del Canal, que no tiene funciones específicas, ya que todo lo que hace es de privativa competencia de la Autoridad del Canal, pero que se lleva tres millones del Presupuesto Estatal? ¿Por qué no ponerle coto a los gastos del Despacho de la Primera Dama, convertido ya en una especie de ministerio más, pidiéndole al Ministerio de la Juventud que asuma las funciones que tiene?
Hablamos de contención del gasto público, de recortes y de austeridad, pero simplemente no hacemos nada concreto para indicarle al país que de verdad ése es el propósito que se tiene.
Ojalá que los actuales gobernantes, mirándose en el espejo de la crisis de 1932, puedan seguir el ejemplo de un mandatario como el Dr. Harmodio Arias Madrid y sepan brindarle al país la brújula y la dirección que en el día de hoy como que se le ha extraviado.
(gcochez@cableonda.net)
Por su parte, la ARI manifestó que el sector de Howard es cubierto por la ruta de SACA actualmente y además opera una piquera de taxis que brinda el servicio hasta la ciudad de Panamá.
El 59% de los empleados públicos utiliza transporte colectivo, y el 35% se traslada a su trabajo en taxis y autos propios, de acuerdo con una encuesta aplicada entre los funcionarios con motivo del estudio para la ciudad gubernamental en Howard.
La misma encuesta reveló que el 75% de los funcionarios prefiere ser trasladado para Albrook que viajar hasta Howard. El tiempo que tomarían los empleados públicos para llegar hasta Howard sería de entre 45 minutos y una hora, dependiendo de si viajan en buses o autos propios.
De acuerdo con Sucre, el estudio incluye la posible habilitación de sucursales bancarias, cafeterías, restaurantes y guarderías como servicios complementarios para los empleados y usuarios de las dependencias.
Para habilitar estacionamientos en Howard eso no es problema, ya que la zona tiene áreas para este fin, según la propia ARI. En cuanto a la seguridad en la zona, la ARI reveló que en la actualidad las instalaciones son vigiladas por la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional (SPI). A estas unidades se sumará la vigilancia institucional de cada una de las entidades que se mudarán para Howard.
Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) manifestó que esa agrupación hizo sus recomendaciones a la comisión interinstitucional para un posible traslado de empleados hacia Howard, aunque señaló que desconoce si las mismas serán tomadas en consideración.
En primer lugar, la agrupación solicitó que todas las infraestructuras destinadas para los ministerios sean saneadas debidamente para evitar el contagio de enfermedades.
El dirigente recordó que en algunos edificios ocupados por algunas entidades en Curundú varios funcionarios adquirieron enfermedades y alergias, como toxoplasmosis y asma, porque no fueron saneados antes de ser ocupados.
Por tal motivo, Berrocal indicó que su recomendación principal es que los edificios sean saneados para evitar que los empleados contraigan enfermedades y que puedan laborar en optimas condiciones y un ambiente de productividad.
Berrocal reveló que si no se ofrece el servicio de transporte gratuito a los empleados hasta Howard , la FENASEP ha solicitado que se otorgue un aumento salarial debido a que la mayoría de los trabajadores de esos ministerios gana un salario que oscila entre B/.250.00 y B/.400.00.
Señaló que el dinero que ahorrará el Gobierno en materia de alquiler por el traslado hacia el centro gubernamental, puede destinarse a un aumento salarial para los empleados que vayan hacia Howard.
Manifestó que el incremento de salario ayudaría a los funcionarios en los gastos extra de transporte en que tendrían que incurrir para trasladarse hacia el área.
José Batista, presidente SPIA, advirtió que instalar un centro gubernamental en Howard es una idea "descabellada", que denota la "ligereza" con que el Gobierno busca llevar a cabo uno de sus megaproyectos. "Howard es una decisión descabellada, lo que indica que no hay un planteamiento serio para este proyecto", aseguró Batista.
A su juicio, sólo el tráfico y el transporte hacia Howard representa un problema que el Estado no podrá resolver en pocos meses. Indicó que estudios realizados por el gremio indican que sólo cuatro ministerios del Estado juntos podrían ocasionar la movilización de 50 mil usuarios.
Se requerían mil buses de 50 pasajeros cada uno para movilizar diariamente esa cantidad de usuarios hacia Howard y el Gobierno tendría que dejar a toda la ciudad capital sin buses para ello, indicó.
Manifestó que la SPIA insiste en la necesidad de que el Gobierno descentralice las oficinas públicas, construyendo varios ministerios en terrenos ociosos que existen en la capital como en el sector de Carrasquilla, El Marañón y Cerro Patacón.
"No es necesario tener todos los ministerios juntos, lo que se requiere es descentralizar", comentó el dirigente de la SPIA.
Para Manuel González Ruiz, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC,) habilitar edificios en Howard, que no fueron construidos para oficinas públicas sino para uso militar, va a costar más dinero que el alquiler que se paga actualmente por esos ministerios, debido a las mejoras que habría que realizar.
González Ruiz advirtió que la mudanza de seis ministerios hacia la antigua base militar dejaría sin sentido la continuidad de la ciudad gubernamental. "Si eso (ministerios en Howard) se lleva a cabo, es el entierro de la ciudad gubernamental tal como se tenía concebida en el estudio", advirtió el empresario.
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
