Auditorías y sanciones
La rendición de cuentas es un factor fundamental en la buena administración. El anuncio del gobierno entrante en el sentido que hará auditorías a la administración del Banco Nacional y la Caja de Ahorros en el período que concluye no debe causar asombro, ya que corresponde con lo que cualquier buen administrador haría, pero no es suficiente.
El Estado panameño cuenta con diversas normas administrativas atinentes a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Según éstas, cada despacho que se entrega debe ser auditado y recibido por el nuevo responsable con el informe correspondiente. Así mismo, quienes asumen cargos de manejo deben presentar declaraciones juradas sobre su patrimonio al ocupar el cargo. Algunos consideran que las mismas deberían ser cotejadas con las declaraciones de renta de los últimos cinco años, no sea que el patrimonio declarado no corresponda con lo que se tiene al entrar al cargo, sino con lo que se espera tener al salir de él.
El que estas declaraciones juradas sean confidenciales ha sido materia de controversia. Por una parte, se hace difícil una fiscalización ciudadana si no se cuenta con la información básica y, por la otra, el que sean públicas no garantiza que la información sea confiable, ya que gracias a nuestro sofisticado régimen de sociedades y fundaciones, el verdadero patrimonio personal pudiera ser ocultado con este tipo de personas jurídicas.
Aquellos que tienen un patrimonio importante y que se dedican al servicio público, también aducen que informar sobre sus bienes mediante una declaración jurada pública, los expondría, junto a sus familias, a riesgos de seguridad en el presente y en el futuro.
En cuanto a las auditorías institucionales al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros, sostenemos que no son suficientes, pues hay otras dependencias como el BDA, el BHN y la CSS, que también las requieren. Además, que dicha auditoría se circunscriba a los últimos cinco años, en lugar de extenderse a los últimos veinte años, es insuficiente y da pie a cuestionar las motivaciones de la iniciativa.
Muchos de los problemas que aquejan a estas entidades del sector financiero son de vieja data, y lo que ha pasado en muchas ocasiones, en los últimos años, ha sido la profundización de vicios heredados más que iniciativas novedosas de los administradores posteriores. Esto no exime a quienes continuaron con prácticas nocivas, negligentes o abiertamente corruptas, de su responsabilidad personal al respecto, sea en el campo del derecho administrativo como en el penal. La realidad es que, aunque hay normas de rendición de cuentas y de sanción ejemplar a los responsables de actos de corrupción pública, y que las denuncias de malos manejos son cotidianas, aún no hay ningún gerente, director o ministro preso por esas causas.
Si el gobierno entrante quiere que se tome en serio su iniciativa y no se le tache de simple pase de factura, deberá ordenar las auditorías a todas las instituciones del sector público financiero, y éstas deberán ser de un período de veinte años. Por último, deberá denunciar ante las autoridades competentes, a todos los que salgan responsables administrativa o penalmente y cuyas acciones no hayan caído en prescripción, sin importar el partido político al que pertenezcan ni al gobierno que hayan servido. Así, su compromiso con la transparencia y de cero tolerancia a la corrupción, será visto como bueno por todos los ciudadanos.
El Estado panameño cuenta con diversas normas administrativas atinentes a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Según éstas, cada despacho que se entrega debe ser auditado y recibido por el nuevo responsable con el informe correspondiente. Así mismo, quienes asumen cargos de manejo deben presentar declaraciones juradas sobre su patrimonio al ocupar el cargo. Algunos consideran que las mismas deberían ser cotejadas con las declaraciones de renta de los últimos cinco años, no sea que el patrimonio declarado no corresponda con lo que se tiene al entrar al cargo, sino con lo que se espera tener al salir de él.
El que estas declaraciones juradas sean confidenciales ha sido materia de controversia. Por una parte, se hace difícil una fiscalización ciudadana si no se cuenta con la información básica y, por la otra, el que sean públicas no garantiza que la información sea confiable, ya que gracias a nuestro sofisticado régimen de sociedades y fundaciones, el verdadero patrimonio personal pudiera ser ocultado con este tipo de personas jurídicas.
Aquellos que tienen un patrimonio importante y que se dedican al servicio público, también aducen que informar sobre sus bienes mediante una declaración jurada pública, los expondría, junto a sus familias, a riesgos de seguridad en el presente y en el futuro.
En cuanto a las auditorías institucionales al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros, sostenemos que no son suficientes, pues hay otras dependencias como el BDA, el BHN y la CSS, que también las requieren. Además, que dicha auditoría se circunscriba a los últimos cinco años, en lugar de extenderse a los últimos veinte años, es insuficiente y da pie a cuestionar las motivaciones de la iniciativa.
Muchos de los problemas que aquejan a estas entidades del sector financiero son de vieja data, y lo que ha pasado en muchas ocasiones, en los últimos años, ha sido la profundización de vicios heredados más que iniciativas novedosas de los administradores posteriores. Esto no exime a quienes continuaron con prácticas nocivas, negligentes o abiertamente corruptas, de su responsabilidad personal al respecto, sea en el campo del derecho administrativo como en el penal. La realidad es que, aunque hay normas de rendición de cuentas y de sanción ejemplar a los responsables de actos de corrupción pública, y que las denuncias de malos manejos son cotidianas, aún no hay ningún gerente, director o ministro preso por esas causas.
Si el gobierno entrante quiere que se tome en serio su iniciativa y no se le tache de simple pase de factura, deberá ordenar las auditorías a todas las instituciones del sector público financiero, y éstas deberán ser de un período de veinte años. Por último, deberá denunciar ante las autoridades competentes, a todos los que salgan responsables administrativa o penalmente y cuyas acciones no hayan caído en prescripción, sin importar el partido político al que pertenezcan ni al gobierno que hayan servido. Así, su compromiso con la transparencia y de cero tolerancia a la corrupción, será visto como bueno por todos los ciudadanos.
