Aumentos salariales injustos
Según la doctrina económica neoliberal, la a huelga de médicos que demanda aumentos salariales es una distorsión del mercado, pues la oferta y demanda es lo que debe determinar si los salarios suben o bajan, negando así que el trabajo humano no es una mercancía y, por lo tanto, no se debe aplicar ningún criterio excluyente a la hora de ajustar los salarios.
El trabajo humano debe ser justamente remunerado, en base a necesidades y capacidades de cada trabajador. Otorgar aumentos de salario en base a la capacidad de presionar de los gremios organizados no es malo en sí mismo si antes está asegurado un ajuste mínimo al resto de los servidores públicos; pero aumentarle a los médicos o a los maestros por su capacidad de convocatoria a huelga en detrimento de otros cien mil servidores públicos es discriminatorio, injusto e inequitativo.
La Carta Iberoamericana de la Función Pública de 2003 señala que la profesionalización de los trabajadores del Estado es una necesidad de la gobernabilidad democrática, y ello se expresa en la vigencia eficaz del sistema de méritos contenido en leyes de servicio civil o carrera administrativa. Uno de los componente del sistema de méritos es la ley general de sueldos por lo que, a nuestro juicio, es hora de aprobarla, en vez otorgar de aumentos salariales discriminatorios.
¿Quién merece aumento de salario y quién no? ¿Qué criterio que debe utilizarse para otorgarlo? ¿Deben darse aumentos salariales programados o intempestiva y anárquicamente? Todas son preguntas obligantes.
En el sistema de méritos, los aumentos salariales periódicos se otorgarían por el incremento del costo de vida y el mejor desempeño del servidor público. La ley general de sueldos no implica afectación inmediata ni drástica al presupuesto de la nación; se aprovecharía el desarrollo económico y fiscal sostenible que vive el país a favor de la redistribución de la riqueza, a través de ajustes salariales presupuestados. Esta ley se basaría en el principio que el que rinde más y mejor en su desempeño profesional, tendría mayor ajuste salarial, sin negar ajustes según el aumento en el costo de vida. Sin ley de sueldos no es posible abrir concursos en la administración pública.
Esa ley es un acuerdo de la concertación nacional para el desarrollo, recién culminada.
