Bofetón jurídico
La Corte Suprema de Justicia declaró ilegales las destituciones de la ex fiscal Argentina Barrera, la asistente de la Fiscalía Tercera Esther De Frías y del ex director de Medicina Legal Humberto Mas. La decisión de los magistrados ordena el reintegro y pago del mismo salario que devengaban los funcionarios al momento de ser destituidos más los aumentos que se hayan dado durante su ausencia.
Los contundentes fallos evidencian que las destituciones parecen ser producto de caprichos al margen de la ley: "Esas pruebas no fueron debidamente interpretadas, pues, de haber sido así, la Procuradora General de la Nación no hubiese pasado por alto tan claras contradicciones", citan.
En el caso del Dr. Mas, la Procuradora se basó en que el funcionario "no logró que dicho instituto cumpliera a cabalidad con sus funciones manteniendo una actuación pasiva ante una serie de irregularidades que allí se producían". El mismo fundamento podría aplicarse a los actuales funcionarios, pues hasta la fecha no vemos claro los casos de Vanessa Márquez, el inspector Brewster, o el de Gina Eleta, donde las pesquisas forenses eran fundamentales, y en los dos primeros el IMEL permitió cremar los cuerpos, por decir lo menos. ¿Se debería aplicar la misma premisa al Dr. Vicente Pachar?
El lío se complica; el Dr. Mas me comentó que piensa regresar a sus labores y ocupar la jefatura del IMEL. Así a Pachar le quedan dos alternativas: volver a ser subalterno del director o renunciar. Estas situaciones crean un nudo administrativo en la institución, pues no son casos aislados; lo mismo ocurrió con los ex fiscales Giovanni Olmos, Edwin Álvarez y Arquimides Sáenz. Haciendo cuentas, estos fallos casi alcanzan el millón de dólares. Quedan pendientes los de Nedelca Díaz y varios detectives de la DIJ. Entonces, ¿sería justo someter a evaluación el desempeño de la procuradora y solicitar una profunda rendición de cuentas?
En un estado institucionalmente serio, las consecuencias de estas medidas debían pagarlas quien las causa, y no nuestros impuestos. Advierto que por escritos como éste, y otras investigaciones periodísticas, se me ha puesto una veda informativa indefinida en el Ministerio Público, a pesar de haber alertado a los asesores de comunicación de la institución. Las discrepancias entre la prensa y el ejercicio público no deben tomarse en forma personal, más bien, avivan la democracia.
