Burocracia y aeropuertos
Miami (AIPE)- Una de las maneras como los políticos evitan que se hagan comparaciones inconvenientes para ellos entre la usual ineficiencia gubernamental y la eficacia privada es diciendo que los servicios provistos por el Estado son "gratuitos". Claro que no se trata de que los servicios oficiales no cuestan nada, sino que quienes se benefician de esos servicios no son los mismos ciudadanos que pagan por ellos. Otra manera es asegurándose que la mayoría de las actividades gubernamentales sean monopolios. Sólo el gobierno puede crear monopolios perdurables porque éstos -por definición- se vuelven ineficientes y, cuando hay libre acceso al mercado, pronto surgen competidores con mejores productos y servicios, a precios más bajos.
El principal debate político actualmente en Estados Unidos es sobre si quienes inspeccionan en los aeropuertos lo que los pasajeros llevan en sus bolsillos, carteras y equipaje de mano, deben ser o no empleados del gobierno federal. Los demócratas insisten en ello y los republicanos están más bien opuestos a la idea. Lo triste es que el debate no tiene nada que ver con la seguridad del público sino con ventajas partidistas. Como editorializó recientemente The Wall Street Journal, los demócratas quieren darle 28 mil nuevos miembros al sindicato de empleados gubernamentales, la Federación Americana de Empleados Federales, Estatales y de los Condados, donde 1,3 millones miembros votan y contribuyen masivamente a favor de los candidatos demócratas.
El argumento en contra de una ley que obligue a los aeropuertos a emplear personal del gobierno federal para ocuparse de las labores de seguridad es que sería la creación de un nuevo monopolio, con sus predecibles consecuencias en alzas en los costos, mal servicio e imposibilidad de toda innovación. ¿Cuál organismo público permite que alguna innovación se refleje en menos personal? El poder del burócrata tiene poco que ver con el servicio que ofrece al público y mucho con el número de subordinados bajo su mando.
En las últimas décadas, el mayor crecimiento del sector público en los países industrializados ha ocurrido en la nueva Europa, crecientemente socialista. Sin embargo, 16 naciones europeas han privatizado los servicios de seguridad en los aeropuertos, limitándose a fijar las normas de seguridad y obligando a los contratistas privados a cumplirlas. Una de las razones de ese cambio es que los sindicatos gubernamentales hacen prácticamente imposible el despido de los inspectores de seguridad que no están cumpliendo con su deber. Mientras que cuando incumplen los empleados de una firma privada de seguridad, simplemente se cancela el contrato y se le otorga a otra firma más competente.
A quienes ponen en duda las ventajas de la competencia versus la usual apatía burocrática, les sugiero que se fijen en la velocidad con que un empleado de Federal Express, DHL o UPS le entrega un sobre y la lentitud con que se mueve un cartero del servicio de correo. Los primeros saben que si no cumplen con una cuota, pierden el empleo porque sus jefes también saben que si el servicio prestado por su empresa es inferior o más caro que el de la competencia, pronto fracasarían y tendrían que cerrar. El cartero, por el contrario, sabe que si se apura mucho le alargan la ruta, por eso los vemos a menudo durmiendo la siesta bajo algún frondoso árbol. Y sus jefes, quienes gozan de un monopolio estatal, no tienen que complacer al consumidor sino conseguir periódicos aumentos en el precio de las estampillas. El precio del sello de correo de primera clase ha aumentado en Estados Unidos en 1.033% desde que yo vine a este país a estudiar bachillerato y la amenaza del ántrax será buena excusa para un nuevo aumento. Por el contrario, volar desde Nueva York a Los Angeles cuesta hoy muy poco más. Si dependiéramos de una empresa gubernamental de aviación, sólo los multimillonarios podrían pagar un sobreprecio de 1.000% en los pasajes aéreos.
Parece que ninguna catástrofe de la humanidad es tan grande que deje de atraer a los buitres políticos y a los abogados litigantes con deseos de sacarle provecho a la miseria y el dolor de los demás.
(c)* Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.www.aipenet.com
El principal debate político actualmente en Estados Unidos es sobre si quienes inspeccionan en los aeropuertos lo que los pasajeros llevan en sus bolsillos, carteras y equipaje de mano, deben ser o no empleados del gobierno federal. Los demócratas insisten en ello y los republicanos están más bien opuestos a la idea. Lo triste es que el debate no tiene nada que ver con la seguridad del público sino con ventajas partidistas. Como editorializó recientemente The Wall Street Journal, los demócratas quieren darle 28 mil nuevos miembros al sindicato de empleados gubernamentales, la Federación Americana de Empleados Federales, Estatales y de los Condados, donde 1,3 millones miembros votan y contribuyen masivamente a favor de los candidatos demócratas.
El argumento en contra de una ley que obligue a los aeropuertos a emplear personal del gobierno federal para ocuparse de las labores de seguridad es que sería la creación de un nuevo monopolio, con sus predecibles consecuencias en alzas en los costos, mal servicio e imposibilidad de toda innovación. ¿Cuál organismo público permite que alguna innovación se refleje en menos personal? El poder del burócrata tiene poco que ver con el servicio que ofrece al público y mucho con el número de subordinados bajo su mando.
En las últimas décadas, el mayor crecimiento del sector público en los países industrializados ha ocurrido en la nueva Europa, crecientemente socialista. Sin embargo, 16 naciones europeas han privatizado los servicios de seguridad en los aeropuertos, limitándose a fijar las normas de seguridad y obligando a los contratistas privados a cumplirlas. Una de las razones de ese cambio es que los sindicatos gubernamentales hacen prácticamente imposible el despido de los inspectores de seguridad que no están cumpliendo con su deber. Mientras que cuando incumplen los empleados de una firma privada de seguridad, simplemente se cancela el contrato y se le otorga a otra firma más competente.
A quienes ponen en duda las ventajas de la competencia versus la usual apatía burocrática, les sugiero que se fijen en la velocidad con que un empleado de Federal Express, DHL o UPS le entrega un sobre y la lentitud con que se mueve un cartero del servicio de correo. Los primeros saben que si no cumplen con una cuota, pierden el empleo porque sus jefes también saben que si el servicio prestado por su empresa es inferior o más caro que el de la competencia, pronto fracasarían y tendrían que cerrar. El cartero, por el contrario, sabe que si se apura mucho le alargan la ruta, por eso los vemos a menudo durmiendo la siesta bajo algún frondoso árbol. Y sus jefes, quienes gozan de un monopolio estatal, no tienen que complacer al consumidor sino conseguir periódicos aumentos en el precio de las estampillas. El precio del sello de correo de primera clase ha aumentado en Estados Unidos en 1.033% desde que yo vine a este país a estudiar bachillerato y la amenaza del ántrax será buena excusa para un nuevo aumento. Por el contrario, volar desde Nueva York a Los Angeles cuesta hoy muy poco más. Si dependiéramos de una empresa gubernamental de aviación, sólo los multimillonarios podrían pagar un sobreprecio de 1.000% en los pasajes aéreos.
Parece que ninguna catástrofe de la humanidad es tan grande que deje de atraer a los buitres políticos y a los abogados litigantes con deseos de sacarle provecho a la miseria y el dolor de los demás.
(c)* Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.www.aipenet.com
